El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, sostuvo ayer que “es posible pero no probable” que alguien con tal responsabilidad no siga personalmente una operación de la importancia que tuvo la compraventa de terrenos en el frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, en evidente alusión a su antecesor en el cargo y máximo edil capitalino entonces, Miguel Zerolo, hoy uno de los 13 encartados por la causa penal cuyo juicio celebra la Audiencia Provincial desde el mes pasado. Para justificar su respuesta durante su declaración como testigo, Bermúdez sostuvo que él sí haría tal seguimiento porque lo hace “en los expedientes importantes” y “dado que se trataba de una operación de 52 millones de euros, sin duda el de Las Teresitas lo era”. Sobre la aparición de documentación acerca de una antigua deuda de la Junta de Compensación al Ayuntamiento capitalino, Bermúdez corroboró la versión dada por otros testigos, según la cual se le comunicó tal hallazgo y, tras las comprobaciones pertinentes, decidió enviar esos papeles a la Fiscalía. También apuntó que no se discutió políticamente en Coalición Canaria la operación de compraventa y, en cuanto a su coste, se remitió a la postura municipal de la vía civil, donde el Consistorio ha respondido a una demanda de los empresarios con otra en pleito surgido a raíz de que el Supremo anulase la referida compra de terrenos por parte del Ayuntamiento.
Aunque la declaración de Bermúdez cumplió con las expectativas, la sorpresa de la jornada de ayer fue protagonizada por la hoy tesorera de la Gerencia de Urbanismo, Nieves Reyes, que portaba un documento municipal que sacó de la caja fuerte “porque alguien me dijo que era conveniente traerlo”. Reyes, que se mostró ambigua sobre si es habitual endosar un cheque municipal (tal y como ocurrió en la compraventa), tenía en su poder un informe sobre antiguas deudas de la Junta de Compensación al Ayuntamiento. A este respecto, el abogado del entonces interventor, José Luis Roca, recordó que una documentación municipal favorable a su cliente no fue enviada a la Fiscalía junto con el resto.
Otro de los testigos de ayer fue una inspectora de Hacienda que confirmó que los empresarios consultaron la posibilidad de incluir este negocio en la Reserva de Inversiones de Canarias, mientras que el que fue tesorero municipal cuando la compraventa, Octavio Soto, poco aportó al reconocer que, como ha ocurrido con un buen número de testigos, no recuerda los detalles de lo acaecido dado el paso del tiempo.
El exedil José Luis Martín: “El informe de Pía Oramas no existe”
El que fuera concejal del PSOE cuando el Ayuntamiento compró el frente de playa, José Luis Martín, declaró ayer que a su juicio el informe realizado en su día por la exarquitecta municipal Pía Oramas “no existe” y que la primera noticia que tuvo del mismo fue cuando Santiago Pérez habló de él en la prensa. Martín corroboró que se enteraron de las condiciones de la operación 24 horas antes y que entiende que se logró el objetivo buscado, que no era otro sino frenar la edificación en la zona.
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