Los peritos judiciales del llamado caso Las Teresitas reconocieron ayer que no se les facilitó el llamado informe Olano, un documento redactado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en 2006 a instancias de la Fiscalía y en el que se considera que no es aplicable la expropiación de los terrenos y que ofrece como comparativa los precios pagados en su día en la avenida Tres de Mayo y alrededores. Dichos peritos explicaron a su vez que, en el caso de haber contado con dicho informe, lo habrían añadido a su dictamen.
Dichas declaraciones se produjeron en la sesión de ayer del juicio penal que celebra la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a cuenta de la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por los que están acusadas hasta 13 personas, entre ellas exalcaldes capitalinos como Miguel Zerolo y José Emilio García Gómez o los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín.
Este informe Olano, llamado así porque el jefe del servicio de Ordenación Urbanística era Juan José de Olano, fue uno de los primeros documentos oficiales recabados durante la investigación de este caso y se desconoce por qué no se le facilitó a los peritos. Se trata de una respuesta a tres cuestiones presentadas desde la Fiscalía. Por una parte, se pide que se informe sobre la valoración urbanística referida a la normativa vigente cuando el Ayuntamiento compró los terrenos, por otra, se pregunta si era factible la expropiación y, por último, qué coste habría tenido tal expropiación.
En su respuesta, la Consejería descarta que se pueda expropiar y se considera no competente para realizar una tasación, aunque ofrece como parámetro precios pagados en 2002 por una parcela en Tres de Mayo y estima, partiendo de esa base, que los terrenos de la playa podrían valer 54 millones.
En cuanto al resto de la sesión, hay que destacar el incisivo interrogatorio de un abogado de la defensa a la exarquitecta municipal Pía Oramas que, como informa Efe, fue cuestionada por el letrado acerca de cuál era su interés como perito, ya que, añadió, el resto de peritos reciben un abono económico, a lo que el juez, Joaquín Astor, replicó que se trataba de una profesional que había sido citada para este caso.
El abogado en cuestión insistió en que el resto de peritos actúan en el juicio “bajo un mandato retributivo” y añadió que no alcanza a comprender los motivos de Pía Oramas, por lo que quiso saber si la actualmente arquitecta del Cabildo de Tenerife tiene algún interés personal, lo que la interpelada negó.
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