El consejero de Planificación Territorial del Cabildo tinerfeño, Miguel Ángel Pérez (PSOE), ha cuestionado a los miembros que forman parte del Grupo Parlamentario socialista que criticaron el borrador de la Ley del Suelo, que pretende aprobar el Gobierno de Canarias. “La disciplina se la saltaron sin justificar el porqué y si no están a gusto les invito a dejar su acta y a irse a su puesto de trabajo”, afirmó el consejero. Además, con respecto a la posición que mantiene su compañero de filas en la Cámara regional Gustavo Matos -quien ha mostrado su rechazo al borrador de la normativa- Pérez fue tajante: “Se trata de una estrategia interna para debilitar la imagen de la vicepresidenta del Gobierno regional, Patricia Hernández”.
“Todos los cabildos, excepto Gran Canaria, estamos a una, a favor de este texto. Cada uno tiene una realidad distinta en planeamiento pero creemos que la línea del trabajo realizado por los expertos es acertada, aunque con algunos matices”, resaltó el consejero insular de Planificación. “Demonizar veladamente como se ha hecho, con el miedo a que el alcalde haga cacicadas, eso es un concepto de la democracia paupérrimo con la normativa. Me resisto a pensar que un técnico o un secretario municipal no cumple con la ley. Quien quiera llamar golfos a los alcaldes que lo diga a la cara, no solo en mi partido, sino también en otros”, denunció. Además, precisó que “es una actitud mezquina usar una ley para luchas internas y para los que se oponen a dar más poder a lo ayuntamientos porque dicen que son unos golfos”, añadió.
Alegaciones
El responsable insular de Planificación territorial explicó que desde el Cabildo se han elevado una serie de alegaciones al documento, de las cuales algunas de ellas se han incorporado y otras están aún por debatirse. “Estamos preocupados por la gestión del suelo rústico en los próximos años, ya que hasta ahora el control de los usos impropios y las autorizaciones previas lo hacían los cabildos. Eso desaparece y se basa todo en una competencia más local”, explicó. “En suelo rústico, que hasta ahora hacíamos de vigilante ya no lo hacemos y va a pasar a los municipios. El proceso de transición será complejo y los cabildos tenemos que estar ahí porque los ayuntamientos no están preparados para asumir lo que se les viene encima”, puntualizó.
Otro de los aspectos a mejorar en la normativa es la relacionada con la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural (Apmun). “Me preocupa que nadie hable de ella, de la protección a través de la inspección. Esa labor de policía debe ser reforzada. Del mismo modo, insistió en la necesidad de mejorar la figura de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), puesto que, a su juicio, “no funciona como debería funcionar y recalcó que “o se modifica o debe pasar a manos insulares”. Pérez puntualizó que este órgano “no garantiza la legalidad vigente; ha aprobado entre ocho o nueve planes de ordenación que los tribunales luego ha tumbado”. En lo que respecta al suelo rústico, llamó la atención sobre la importancia de dejar “muy claro” qué usos están permitidos y para qué.
“En la ley hay cosas que mejorar, pero la redacción es acertada”, recalcó Pérez. “La ley por sí sola no va a mejorar la situación económica de Canarias, las leyes facilitan, pero no mejoran las cosas”.
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