Seis meses de la peor tragedia de Los Cristianos

La investigación que debe esclarecer las causas y responsabilidades del derrumbamiento del edificio de la calle Amalia Alayón continúa su curso en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, mientras que el informe encargado por el Ayuntamiento a varias empresas aún no se ha cerrado
Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) reciben instrucciones en un receso del operativo de rescate de las víctimas del derrumbe. Sergio Méndez
Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) reciben instrucciones en un receso del operativo de rescate de las víctimas del derrumbe. Sergio Méndez

Seis meses han pasado desde aquel fatídico 14 de abril en el que, a las 9.31 de la mañana, un gran estruendo sobresaltaba a los vecinos de Los Cristianos. Se acababa de derrumbar un edificio en pleno centro de este popular núcleo costero. Sus cinco plantas se desplomaron como un castillo de naipes sepultando las vidas de Mariflor (de 71 años), Antonio Jesús (55), Noemi (29), Hanan (41), Graziella (77), Alessandro (41) y Markku (72). La tragedia aun pudo ser mayor, ya que horas antes 28 personas dormían en las 24 viviendas del edificio Julián José, en el número 12 de la calle Amalia Alayón.

Medio año después se siguen estudiando las causas que provocaron el siniestro. La responsabilidad de la investigación recae sobre el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona. Efectivos de la Policía Judicial comenzaron su trabajo desde el mismo día del suceso tomando declaraciones a vecinos y testigos que, junto a los informes de los peritos, aclararán qué produjo el desplome y señalarán posibles responsabilidades. La última palabra la tendrá la justicia, y de lo que dictamine dependerá la cuantía económica que tendrá que afrontar la compañía aseguradora contratada por la comunidad de propietarios del bloque.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Arona encargó el 19 de mayo a varias empresas especializadas su propia investigación. Los trabajos de ingeniería forense han consistido en una evaluación preliminar (antes del derrumbe), con la recopilación de toda la documentación disponible, y el análisis posterior de las muestras de hormigón y acero para la elaboración de un análisis estructural lo más detallado posible. La evaluación incorporó elementos del material que quedó en pie y que han sido analizados con ultrasonidos, tomografía eléctrica y escáneres. Las empresas encargadas de la investigación tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad en la que garantizaban el carácter secreto de los resultados.

Retraso
Si bien la entrega del informe completo al Consistorio estaba prevista a finales del mes de julio
-así lo había anunciado el propio Ayuntamiento-, según ha sabido este periódico, de las tres partes de las que consta el estudio aún falta una por completar. Una vez concluido, se remitirá al Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, aunque ya se han producido contactos entre el Ayuntamiento y el Juzgado. Lo que sí ha confirmado el Consistorio sureño es que no existía información ni denuncia alguna por la realización de trabajos de reforma en el interior del inmueble y que, por tanto, no se había concedido licencia de obra, ni mayor ni menor. Tampoco constaba en las dependencias municipales ninguna comunicación que advirtiera de alguna sospecha sobre el mal estado de la estructura. El bloque siniestrado fue construido en 1972, es decir, su antigüedad no alcanzaba los 50 años, período en el que, según la Ley de Impulso a la Rehabilitación, se deben realizar al menos inspecciones visuales en los edificios con una antigüedad superior al medio siglo en municipios con más de 20.000 habitantes, una medida que actualmente no se está cumpliendo debidamente en Canarias, según han expresado algunos arquitectos consultados.

Diferentes hipótesis
A la espera de que la investigación judicial avance, distintos profesionales de la arquitectura especializados en estructuras de edificios apuntan entre las causas posibles de la caída el deterioro sufrido por el tipo de hormigón que se usaba en los años sesenta y setenta, o que uno de los hierros resultara dañado y acabara por producir el estallido de otros hasta hacer ceder un pilar o una viga. Algunos expertos sostienen que, a la vista de los escombros, lo primero que pudo caer fue el pórtico central arrastrando al resto del edificio.

Sobre la calidad del hormigón, hay que recordar que coincidiendo con el boom del turismo el parque inmobiliario en las zonas de costa se desarrolló a una gran velocidad hace ahora más de cuatro decenios. La mayoría de esas edificaciones se realizaron con hormigón armado que, a juicio de los arquitectos consultados, son estructuras con “recursos constructivos imprecisos” que aconsejan un seguimiento.
Otro de los problemas apunta a los sistemas de impermeabilización. Hace 40 años se instalaban tuberías de acero galvanizado que con el paso del tiempo se han ido oxidando y produciendo pérdidas, lo cual ocasiona un debilitamiento de muros, cimientos y pilares. Asimismo, los arquitectos recuerdan que las telas asfálticas de impermeabilización tienen como máximo 10 años de vida.

Concesión de ayudas
Respecto a las ayudas, el próximo mes se acabará el plazo inicial habilitado para quienes perdieron su vivienda. El compromiso del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Arona anunciado una semana después de la tragedia por la vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, y el alcalde, José Julián Mena, contemplaba el pago íntegro del alquiler durante un período de seis meses. A partir de ahí y durante los siguientes seis meses (hasta completar el año) se les abonaría una subvención por valor del importe del alquiler que pagaban en el edificio siniestrado. Se aprobó también una aportación de 1.500 euros en función de las personas que residieran en las viviendas y de las circunstancias de los afectados.

El muro luce unos dibujos en recuerdo de las víctimas. Norchi

 

Norberto Chijeb/ Arona

“Queremos levantar un edificio con las mismas plantas y comercios”

“Queremos levantar otro edificio con las mismas plantas y salones comerciales”, comentó ayer Ánima Marrero, de 73 años, que hasta hace seis meses llevaba viviendo 40 años en el edificio Julián José que se colapsó en Los Cristianos y del que era la presidenta de la comunidad de propietarios. Salvó la vida aquel trágico 14 de abril porque en el momento del suceso había salido al Valle de San Lorenzo a darle de comer a sus perros. Cuando regresó a Los Cristianos para abrir a las 10 la floristería que tenía en los bajos del edificio, en la calle Amalia Alayón, solo vio en pie un cuarto de edificio y un puzle de escombros, mientras trataba de averiguar qué vecino podía estar debajo de ellos.

El edificio contaba con 24 viviendas y cuatro salones comerciales, los mismos que ahora quieren levantar los propietarios, unos 14, sin pensar el valor que puede tener el suelo en el mismo centro comercial de Los Cristianos. “Lo único que pensamos es levantar un nuevo edificio, nadie ha pensado en vender el terreno”, comentó. Ánima Marrero confía en que pronto se sepan las causas que originaron el colapso del edificio: “Espero que el próximo mes tengamos noticias del Juzgado”, porque “será fundamental para saber qué exigirle al seguro que teníamos de todo el edificio”, afirmó. Un seguro que cubrirá a los propietarios, pero no a los inquilinos, unos seis, que tenían contratos y que el próximo mes dejarán de recibir las ayudas al alquiler del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arona.

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