El documento de acusación presentado por la empresa Sinpromi -perteneciente al Cabildo- confirma que el presunto desfalco detectado en las arcas de la mencionada entidad pública asciende a más de 1,6 millones de euros, como ya adelantó en su día este medio. De hecho, el documento refleja que el acusado Andrés Hernández Pedreira “malversó e hizo suyas 538.000 euros del aparcamiento del hotel Mencey, 421.900 del aparcamiento del Cristo de La Laguna, 638 del parking del estadio, 640.900 de la venta de bonos de Titsa y 83.000 de cheques falsificados”.
La acusación de Sinpromi pide ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y 20 años de inhabilitación absoluta y seis años de prisión por falsedad de documento e inhabilitación de cargo público por seis años. Además, reclama la cantidad presuntamente malversada.
Al respecto, la consejera de Podemos en el Cabildo Mila Hormiga criticó el “extraño proceder” de los responsables políticos del gobierno insular de CC-PSOE en el Caso Sinpromi, “pues no es nada lógico que la jueza instructora de esta causa en la que se investiga un desfalco de casi 1,7 millones de euros estime que hay indicios delictivos contra dos exaltos cargos de Sinpromi y que, sin embargo, esta sociedad gestionada por CC haya decidido formular acusación solo contra uno de ellos, el excontable Andrés Pedreira, y dejar libre de cargos al segundo imputado, el exgerente Víctor García”.
Hormiga explicó que la titular del juzgado de instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha concluido que sobre Pedreira recaen indicios razonables de criminalidad por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental en concurso con un delito de estafa, cargos secundados por la sociedad estafada en su escrito de acusación.
Sin embargo, resaltó, la jueza también ha estimado que existen indicios de presunta malversación de caudales públicos por parte de Víctor Díaz, que era gerente de Sinpromi y jefe directo de Pedreira, “y que no habría hecho nada para evitar esta estafa de dinero público a pesar de haber sido presuntamente informado de lo que estaba ocurriendo”. Pese a la gravedad de esos indicios delictivos, señaló, la representación legal del organismo ha optado por no pedir cargos contra él.





