Resuelto el enigma de la investidura de Mariano Rajoy -la gobernación es otro cantar-, las comunidades autónomas sacan sus respectivos presupuestos de la carpeta de asuntos complicados y las consejerías de Hacienda revisan con inusitada ansiedad las bandejas de entrada de los correos con el remite del ministerio correspondiente por si llegan novedades sobre el techo de gasto y el déficit, que aprobará el flamante Ejecutivo nacional. En Canarias hay buenas noticias, aun con el enfado de la oposición por el retraso que arrastra la tramitación: se prevé un superávit al cierre del ejercicio y se anuncia el presupuesto “más expansivo de los últimos cinco años”. Los preparativos van en paralelo a las negociaciones emprendidas en el marco de la concertación entre el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) y Patricia Hernández (PSOE), los sindicatos más representativos (CC.OO.-UGT) y las confederaciones patronales. El proceso marcha “en la dirección correcta”, sin discrepancias insalvables. “Las mesas están trabajando”, constata el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Carmelo Jorge. Este miércoles se reunió la de participación institucional y el viernes lo hizo la de políticas activas de empleo. Pero “nos encontramos muy lejos de lograr el primer acuerdo”, puntualiza. Las centrales condicionan el avance a un entendimiento en torno a la protección social. “Lo demás importa menos en estos momentos”, recalca Jorge. Ese paso adelante conlleva la incorporación en las cuentas de 2017 de una partida de 60 millones de euros para atender a los núcleos familiares en los que no entra ningún tipo de ingreso, que son unos 30.000 en las Islas. La idea consiste en instaurar una renta de supervivencia de unos 500 euros mensuales. Esa cifra cubriría un tercio de las necesidades. La propuesta incluye dos vías cuya financiación procedería de los los fondos de la Unión Europea: en los planes de empleo, preferencia para este colectivo en los puestos laborales que no requieran una cualificación específica y, en la formación profesional, constituir un grupo de entre 5.000 y 6.000 becas destinadas al tramo de edad de 20 a 30 años. “Vincular la protección social a las políticas activas de empleo y las educativas sería un logro histórico”, valora.
“No estamos dispuestos a salir con un pacto que no recoja la preocupación por quienes peor están”, advierte. “Si no se consigue un compromiso efectivo, habrá movida a finales de noviembre”.
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