José Alberto González Reverón (alcalde de Arona desde 2003 a 2012) se enfrenta a una condena de 2 años de cárcel y 15 de inhabilitación para cargo público, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y coacciones, por seis causas que terminaron de juzgarse ayer en la Audiencia Provincial, tras elevarlas a conclusiones definitivas la fiscal María Isabel Silva, que mantuvo el escrito de acusación que será rebajado por dilaciones indebidas.
La fiscal también mantuvo la acusación sobre la subinspectora de la Policía Local, Hortensia García, de 8 años de inhabilitación por prevaricación por supuesto amaño de unas oposiciones a Policía en la que era presidenta del tribunal evaluador. De igual modo, en este caso se atenderá a las dilaciones indebidas, al tratarse de un hecho ocurrido en 2008.
Tanto César Calleja, nuevo abogado del exalcalde, como Juan Manuel Fernández del Torco, letrado de la subinspectora, pidieron la libre absolución de sus defendidos por “la nulidad de las escuchas” y por valor probatorio de las testificales.
El abogado defensor de José Alberto González Reverón admitió, eso sí, que su defendido pronunció frases inadecuadas, “de las que no está orgulloso”, en las escuchas telefónicas, pero afirmó que no prueban ninguno de los delitos por los que está acusado.
LAS ESCUCHAS
A partir de esas escuchas, la fiscalía acusa al exalcalde de influir desde su posición jerárquica para favorecer a uno de los aspirantes en unas oposiciones para la Policía Local; conseguir empleos a recomendados en la empresa concesionaria de limpieza; intentar quitar multas de aparcamiento a un vecino; perseguir que la hija de un amigo obtuviera plaza en una guardería pública; recalificar el terreno rústico donde construyó su casa uno de los concejales (Manuel Reverón), y asignar un empleo en la Cámara de Comercio a su candidato. César Calleja recordó que ninguno de los 18 testigos que pasaron por el juicio declaró que se viera influido o presionado por González Reverón para actuar de la manera en que lo hicieron. Por lo que dijo que o se admite la veracidad de las declaraciones de los testigos, lo que llevaría a la absolución de su defendido, o se los encausa a todos por falso testimonio.
En el caso de las oposiciones a la Policía Local, el letrado admitió que González Reverón estaba interesado en que uno de los aspirantes aprobara, pero eso no significa que tuviera ninguna capacidad de influir en un tribunal de seis miembros que decidió las plazas por unanimidad.
Calleja terminó recordando que una sentencia de este mismo tribunal, el 31 de mayo de este año, dictó la absolución del acusado por tráfico de influencias -“del único delito que nos acusa la fiscal”, dijo- porque no basta con la mera sugerencia, “sino que debe demostrarse el abuso de superioridad de aquellos que tienen una moral indebida”.
Por su parte, Fernández del Torco negó que se pueda probar ninguna arbitrariedad ni intervención de Hortensia García en la determinación de la nota de inglés, cuya supuesta alteración habría sido determinante para que el recomendado del alcalde (Nicanor Ruiz) consiguiera la plaza. La fiscal consideró que, a partir de los requerimientos del alcalde, al aspirante recomendado se le subió la nota de inglés sin merecerlo, lo que le permitió ganar la oposición, por lo que Hortensia García actuó a sabiendas de que la decisión era injusta.
Para María Isabel Silva, González Reverón utilizó su puesto de alcalde para intervenir en favor de determinadas personas en detrimento de otras en los otros hechos juzgados, en unas actuaciones que vulneraron el derecho a la igualdad de los ciudadanos (artículo 14 de la Constitución).
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]El exalcalde creyó haberse librado de la prevaricación y las coacciones
Al finalizar el juicio, González Reverón mostró cierto alivio, al comentar que “por lo menos me han quitado la acusaciones de prevaricación y coacciones”, hasta que le sacaron del error, al comentarle que la fiscal en sus conclusiones finales no habló de esos delitos, ciertamente, pero que los mantuvo en el escrito de acusación, porque para María Isabel Silva “no eran ayuditas sociales, como la de un hijo de un concejal… lo tenía todo montado”, argumentó.[/su_note]
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