Durante este año hemos oído hablar repetidamente del IGTE y del Fdcan. De los 160 millones de euros y de cómo se reparten. Sin embargo, este asunto que parece que los políticos dominan tan bien suena prácticamente a chino a la sociedad canaria. Hace unos años, el propio Gobierno, acompañado de los empresarios, hicieron una campaña para explicar a la gente lo que era el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y, sobre todo, lo que repercute en la sociedad, ya que la ciudadanía tenía la percepción de que se trataba de una herramienta de uso exclusivo para los empresarios. Con el IGTE pasa lo mismo.
Los agentes sociales y administraciones locales e insulares hablan de este impuesto y del dinero que se van a repartir, pero a los ciudadanos nos resulta complicado entenderlo, a pesar de que en el Fdcan y en su reparto está la auténtica papa caliente del pacto de gobierno entre Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSOE).
¿Qué es el IGTE?
El Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE) era un impuesto general que gravaba todas las transacciones empresariales. Este impuesto, anterior a la entrada de España en la Unión Europea, desaparece en el año 1985 y se incorpora al IVA y, en el caso de Canarias, al IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias) en el año 1993. En ese momento, el Estado considera que dicho gravamen es de titularidad estatal y hay una descompensación. Entonces le dice a Canarias que de sus impuestos, de lo que recauda a través del IGIC, le dé la parte correspondiente que deja de recaudar en las Islas. Y así, a través de unos cálculos y en función de lo que se recaudaba, se retuvo, desde el año 1993, a Canarias cada año entre 160 y 190 millones de euros.
A partir del año 2000 el Gobierno canario empezó a negociar con el Estado al considerar que éste ya estaba lo suficientemente compensado y que ya era hora de que ese dinero se quedara en el Archipiélago. Y, por fin, en noviembre de 2015 se llega a un acuerdo y Canarias deja de compensar a Madrid por este impuesto. Es a partir de este año, 2016, cuando este dinero se queda en las arcas canarias. ¿Por qué se ha complicado tanto y se ha tardado tanto en llegar a un acuerdo?
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, señala que por la “vocación centralista del Estado que estaba convencido de que era un dinero que le correspondía y que debíamos de compensarlo”. “Conseguir que se quede en Canarias es un hito importante; una vieja reivindicación que inició CC, pero a la que se han unido el resto de los partidos políticos, sindicatos y empresarios”.
¿Cómo nace el FDCAN?
El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) se nutre de la cuantía resultante del IGTE y está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago. Hay una fórmula de cálculo, en función de la recaudación, que establece la cantidad anual en 160 millones. En caso de que, por suerte, el Gobierno recaudara más por el IGIC, ese dinero sobrante lo utilizaría el Gobierno en sus políticas, salvo que las partes decidan otra cosa.
A partir de ahí, empieza un proceso de negociación con los agentes sociales, ayuntamientos y cabildos para decidir el destino y, sobre todo, la forma de distribución de dicho fondo, que tiene un período de duración comprendido entre 2016 y 2025.
En este debate, también participaron las dos universidades públicas canarias. Está dotado de una financiación máxima de 1.600 millones de euros.
¿A qué va destinado dicho Fondo?
El dinero, 160 millones anuales, estará destinado a tres ámbitos exclusivamente: I+D+I y Conocimiento, infraestructuras y políticas activa de empleo, a los cuales se destinará un 5%, un 75% y un 20% de los recursos del fondo, respectivamente. El objetivo con estos tres grandes ejes es generar empleo y activar la economía.
¿Cómo se reparte?
Esto es lo más complicado y donde ha estado el epicentro de la polémica de los últimos meses. Los que pueden presentar proyectos, siempre basados en los tres ejes mencionados anteriormente, son los cabildos, los ayuntamientos y las universidades canarias, y, en el caso de las consejerías del gobierno, éstas se pueden quedar con una parte del dinero para destinarlo siempre a programas que estuvieran incluidos en los ejes del FDCAN.
Por el momento ya se han presentado la solicitud para la financiación de 51 proyectos y 7 programas que suman una cuantía superior a los 2.000 millones de euros a invertir entre 2016 y 2025. Estos programas serán analizados por el Comité de Selección que se reúne hoy y que emitirá un informe al Consejo de Gobierno que aprobará las propuestas en su reunión del próximo 24 de noviembre y que se materializarán a través de los convenios que se suscriban entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda. El porcentaje de financiación para los cabildos, que han pedido más de 300 millones, cuando solo hay anuales 160, será del 50% para Gran Canaria y Tenerife, un 80% para Lanzarote, La Palma y Fuerteventura y de un 90% para El Hierro y La Gomera.
Los proyectos
José Miguel Barragán señaló que se han presentados proyectos de todo tipo relacionados con inversiones en carreteras, infraestructuras hidráulicas, mejora de los espacio turísticos, etc. Y no se han aceptado dos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La polémica
La controversia y lo que queda aún por resolver son las diferencias con los repartos para las políticas activas de empleo por parte de la Consejería de Empleo. Aquí los cabildos no están de acuerdo en la fórmula elegida por el departamento que lidera la socialista Patricia Hernández, ya que consideran que pretende asignar los recursos disponibles a un programa global que no ha contado con el consenso de cabildos. Además, desde el SCE se ha rechazado varios programas presentados por las corporaciones insulares. No es el caso de los ayuntamientos que sí respaldan los criterios de reparto. “Lo importante”, apuntó José Miguel Barragán, “es que salgan los proyectos y que se dinamice la economía y se cree empleo, que es el objetivo de este fondo”. Inicialmente, cuando se supo que el Estado renunciaba a la compensación por la desaparición del IGTE, el Cabildo de Gran Canaria se negó al reparto según la triple paridad que confirma la representación del Parlamento de Canarias y que propuso el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Por aquel entonces, el presidente de la corporación grancanaria, Antonio Morales, estaba convencido de que, a pesar de que el reparto de esta forma le convenía económicamente, no era una fórmula justa y que se había diseñado una jugada perfecta según la cual el Cabildo de Tenerife lograba la financiación para las obras del anillo insular y, al apoyar la iniciativa de Casimiro Curbelo, CC se garantizaba el apoyo en el Parlamento canario del líder gomero ante futuros movimientos del pacto. Finalmente, el Gobierno desistió y se creó la fórmula del Fondo de Desarrollo cuyo programas y proyectos se aprobarán el próximo jueves. “Habrá polémica”, señaló Barragán, “porque seguro que habrá instituciones y organismos que no se quedan contentos con el dinero asignado a su programa, pero nunca llueve a gusto de todos y lo importante es el objetivo: crear empleo”.
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