El proyecto de Ley del Suelo que hoy comenzarán a debatir los diputados en el Parlamento regional pretende aligerar lo que sus defensores han denominado “selva” o “maraña” burocrática en Canarias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. En cambio, sus detractores temen que se convierta en una “ley de la selva”, por el aumento de poder que otorgaría a los ayuntamientos y cabildos en urbanismo, que ya no dependerían directamente del Gobierno canario para aprobar definitivamente sus planes generales e insulares, así como por los procedimientos que deja la ley para encajar proyectos públicos y privados no previstos en el planeamiento (salvo en suelo rústico de protección agraria, donde solo podrán ser de iniciativa pública), con su declaración como de interés insular o regional.
La principal novedad presentada por el Gobierno de CC y PSOE es que los planes insulares y generales pasan a tener un procedimiento monofásico: la misma administración que lo aprueba inicialmente lo aprueba definitivamente, trámite este que ahora, en el método bifásico, compete a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac). Este órgano desaparecerá y se creará otro que solo hará informes al planeamiento en las cuestiones que competan a la Comunidad Autónoma, pero sin hacer un rastreo para verificar la legalidad de todo lo que aprueben las corporaciones locales. Sin embargo, en un acuerdo reciente, que se tendrá que reflejar en enmiendas parlamentarias al proyecto, CC ha cedido ante el PSOE en que un órgano del Gobierno canario retenga el poder de hacer la evaluación de impacto ambiental de los planes.
El proyecto abre la mano a usos en el suelo rústico complementarios al agrario (aunque el PSOE quiere que CC también los restrinja más) y elimina el doble título habilitante para determinadas obras en esta categoría de suelo (ya no sería necesario el permiso del Cabildo).
Con esta ley se deroga además la de Directrices de Ordenación General para bajar su categoría a la de reglamento de elaboración futura (el PSOE quiere que en este punto CC no cree un vacío normativo), así como todas las actuales en materia de ordenación del territorio y espacios naturales vigentes. También se consolidan los usos residenciales existentes en suelos turísticos, se permite que playas y zonas recreativas de espacios naturales protegidos junto a núcleos urbanos cuenten para calcular la dotación mínima de espacios libres por habitante o plaza alojativa turística; y, en zonas residenciales ya colmatadas, con edificios en situación legal de consolidación, “tal restricción no afectará a las parcelas vacantes, donde se podrá construir sin esta limitación”.
Un preámbulo que ve una “carga” para la economía en la normativa actual
El preámbulo del proyecto de ley expone que la abundante normativa urbanística, territorial y ambiental se ha convertido “en una carga que va mucho más allá de lo necesario para la consecución de los fines que la justifican, que, en ocasiones, se transforman en meros obstáculos, no siempre explicables, que dificultan, o incluso impiden, un desarrollo racional y sostenible del territorio”. La redacción del documento la ha coordinado el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar.
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