“Transcurrido más de un año del acuerdo para la gobernabilidad de Canarias en la novena legislatura, denominado Pacto por el Crecimiento y el Progreso Social y Económico de Canarias, suscrito el 22 de junio de 2015 entre CC-PNC y el PSOE que abarca no solo el Parlamento y Gobierno de Canarias, sino también las corporaciones locales de las Islas (según los distintos acuerdos alcanzados) y ante la crisis de las últimas semanas motivada fundamentalmente por hechos relevantes que han afectado al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, ambas fuerzas políticas hemos realizado un análisis del funcionamiento del mismo, en base a la cláusula séptima, segundo párrafo del mismo”.
Así comienza el documento del acuerdo alcanzado entre las comisiones negociadoras de CC y PSOE el pasado fin de semana en la capital grancanaria, en una reunión al más alto nivel que contó con la participación del presidente del Gobierno regional, el nacionalista Fernando Clavijo, y de la vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández. Lo que sigue a continuación es el texto completo de este acuerdo, que supone incorporar una adenda al pacto que suscribieron en 2015:
“Por lo que se refiere al Gobierno de Canarias, las tensiones surgieron en el ámbito de la Sanidad, así como en el ámbito de la gestión económico-presupuestaria”.
A su vez, la moción de censura llevada a cabo en el municipio de Granadilla de Abona, por concejales de CC, PP y C’s, contra el alcalde del Partido Socialista, fuerza más votada en el municipio, constituye un grave incumplimiento del pacto firmado.
[su_pullquote align=”right”]La nueva adenda al pacto de gobernabilidad recoge enmiendas a la ley del suelo y una modificación de la ley de la RTVC[/su_pullquote]
Ambas fuerzas políticas somos conscientes de la necesidad de mantener el pacto suscrito reforzando los mecanismos previstos en el acuerdo de gobernabilidad tanto en el ámbito de la coordinación parlamentaria como en la del propio gobierno, intentar cerrar el mapa de los gobiernos de las corporaciones locales que están bajo el acuerdo, en un tiempo razonable que permite recuperar “la confianza quebrada” expresada por el PSOE.
En tal sentido, CC-PNC y PSOE reconocen la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación que permitan limar las diferencias y adoptar una posición común en asuntos de política general del Gobierno de Canarias, referidos a la eficiencia y eficacia de los recursos sanitarios y las decisiones relevantes en materia económico-presupuestaria de interés general y fijar un plan de trabajo que nos permita evitar graves agresiones al pacto local suscrito. Por todo ello, CC-PNC y PSOE consideran necesario reforzar los mecanismos previstos en el pacto para restablecer la confianza con los siguientes acuerdos que se incorporan mediante adenda:
PACTO LOCAL
1. Adopción de medidas políticas y disciplinarias que conduzcan a la expulsión del partido de los concejales de CC de Granadilla de Abona con objeto de revertir el incumplimiento del acuerdo.
2. Presentación de una moción de censura en Puerto de la Cruz en el plazo de los 20 días siguientes a la adopción de este acuerdo, dando la alcaldía al PSC-PSOE.
3. Dimisión de la alcaldesa de Arico en el plazo de los 20 días siguientes a la adopción de este acuerdo, dando la alcaldía al PSC-PSOE.
4. Celebrar una reunión de la mesa de seguimiento del pacto en el mes de noviembre de 2016 para tratar el resto de los incumplimientos en el ámbito local de Canarias, dándose un plazo máximo de tres meses desde la firma de este documento para reconducirlos o definir qué instituciones se dejan en el marco del pacto o fuera del mismo.
COORDINACIÓN EN EL GOBIERNO DE CANARIAS
6. CC-PNC y PSOE ratifican la vigencia del acuerdo programático suscrito en el ‘pacto por el crecimiento y el progreso social y económico de Canarias’ y manifiestan el respeto a la autonomía en la actuación de los titulares de los órganos institucionales y administrativos, sin perjuicio de las decisiones del Gobierno y las facultades de dirección y coordinación del presidente y al marco de distribución de competencias atribuidas a la comunidad autónoma de Canarias, a los cabildos insulares y a los municipios por el Estatuto de Autonomía, las leyes sectoriales, la ley de Cabildos insulares y la de los municipios de Canarias, respectivamente.
7. En relación a la previsión de la cláusula séptima (cuarto párrafo) del acuerdo de gobernabilidad, se acuerda reforzar el mecanismo de coordinación para los tres pilares descritos en la cláusula segunda (políticas horizontales, políticas de desarrollo económico y de las políticas sociales) entre los socios del gobierno. La responsabilidad de dicha coordinación recae en las personas que ostenten la titularidad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno.
8- En el ámbito de la política económico-presupuestaria.
a) Establecer para el año 2017 una presupuestación preferente de las áreas que prestan los servicios públicos fundamentales, tales como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, regla esta que se seguirá también para el supuesto de que se incrementen los recursos de las C.A.C. A lo largo de los siguientes ejercicios presupuestarios. Los incrementos de la financiación en 2017 irán destinados preferentemente a los servicios públicos fundamentales señalados anteriormente.
c) En la coordinación del Gobierno entre ambas fuerzas políticas, las decisiones relevantes en materia económico-presupuestaria se tomarán de mutuo acuerdo. Se dispondrá de la información puntual, detallada y precisa de los datos de ejecución presupuestaria, fondos europeos, fondo de compensación interterritorial, compartimento de facilidad financiera, criterios para la elaboración de los presupuestos y para el cierre presupuestario. Esta coordinación se llevará a cabo por los titulares de la Viceconsejería de Hacienda y la Dirección General de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia.
d) Los gastos vinculados a los servicios públicos fundamentales no estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la orden de la Consejería de Hacienda, de 19 de septiembre, de cierre del presupuesto, con el límite de no superar el objetivo de déficit para este ejercicio.
5)- En la evaluación y revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) se planteará el establecimiento de una nueva línea estratégica al fin de incorporar proyectos de inversión vinculados a los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) en sintonía con los objetivos del FDCAN.
COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
9- En relación con la cláusula sexta, segundo párrafo, dado que se inicia a finales de 2016 la renovación de algunos de los órganos dependientes del Parlamento de Canarias, se acuerda activar los contactos entre los grupos parlamentarios nacionalista canario y socialista canario para establecer la posición común y el establecimiento de los criterios en la negociación con los grupos que conforman la oposición, respetando la proporcionalidad.
10- En relación con la cláusula quinta, en lo que se refiere a la coordinación de los grupos parlamentarios, se reforzará el mecanismo de coordinación, de presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas y de la posición de ambos grupos en la aceptación y/o rechazo de las enmiendas de los grupos de la oposición.
Respecto al proyecto de ley del suelo, la coordinación en el trámite de presentación de enmiendas tendrá como objetivo defender un modelo territorial en el que se pueda planificar la actividad económica preservando un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. A tal fin se apuesta por la simplificación de los procedimientos, la garantía de que la evaluación ambiental estratégica de la ordenación del planeamiento prevista en el artículo 32 apartado 2a del texto refundido (en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley 14/2014 del 26 de diciembre) se aprueba por un órgano colegiado de la CAC. Así mismo, se establecerán por disposición adicional aquellas directrices, de las no contempladas en la ley, que quedarían en vigor con rango reglamentario hasta la aprobación del decreto correspondiente, condicionadas su existencia vía reglamento. Por otra parte, se conservará la regulación de los espacios naturales protegidos y se contemplarán los usos de suelo rústico asociados a la actividad agrícola y pecuaria.
11- Visto el funcionamiento y las deficiencias detectadas en el modelo de la RTVC aprobado en la pasada legislatura, iniciar la presentación de una iniciativa legislativa que permita modificar la ley de la RTVC para dotarla de mayor operatividad.
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