El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife viene investigando, desde 2011, cómo los kioscos de Las Teresitas han venido ejerciendo su actividad sin contar con licencia de apertura o título habilitante alguno que la justifique. Un delito este del que, según apunta la jueza instructora de la causa, el Ayuntamiento de Santa Cruz “pudiera ser responsable civil”. Esta afirmación es hecha por la magistrada en una providencia fechada en octubre pasado y en la que deniega al Consistorio su solicitud de personación en calidad de perjudicado. Concretamente, expresa que: “No ha lugar a tener por personado en calidad de perjudicado al Ayuntamiento de Santa Cruz, toda vez que pudiera ser responsable civil del delito que se investiga”.
Este proceso encara su recta final con la toma de declaración a los testigos y es en esta fase en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz solicitó personarse como perjudicado con el fin, y así se recoge en la citada providencia, de acceder a la información que consta en el juzgado, a la vez que evitar la declaración de testigos, en este caso, del actual concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, que fue el primero en ser citado. Según las fuentes consultadas, tras Garcinuño es muy probable que sean llamados otros testigos como el anterior concejal de Urbanismo, José Ángel Martín o el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, dado que en solicitudes de información anteriores, el juzgado pidió que se identificara a los responsables de las distintas áreas relacionadas con los kioscos en los últimos diez años.
La jueza apoya su negativa a la personación del Ayuntamiento en el informe de la Fiscalía, que se expresa en términos meridianamente claros sobre, por un lado, las intenciones del Ayuntamiento con esa solicitud, y las posibles consecuencias del proceso contra el Consistorio, por otro. El fiscal invita al Ayuntamiento a consultar sus propios informes si lo que quiere es tener información sobre la causa que se instruye. “Es el propio Ayuntamiento el que, en sus sucesivos expedientes remitidos al Juzgado reconoce que ni los kioscos tienen licencia, ni que se ha realizado ninguna actuación al respecto, siendo plenamente consciente de esta ilícita situación”. Una afirmación esta última de la que se desprende que la Fiscalía parece tener muy claro que el Ayuntamiento era conocedor y consentidor de la situación legal de los kioscos de Las Teresitas.
En la segunda de las apreciaciones que hace el fiscal (además de acusar al Ayuntamiento de tener “una visión distorsionada” sobre la situación procesal de un testigo), asegura que, “no parece viable desde el punto de vista jurídico y menos aún desde el sentido común, que el Ayuntamiento, frente que al que se puede dirigir el procedimiento, intervenga como perjudicado, pues no se debe olvidar que el hecho delictivo investigado se comete en el seno de la Corporación y sería difícilmente comprensible que a quien comete el hecho criminal se le considere además perjudicado”. De nuevo, el fiscal deja entrever que, todo apunta a que, en caso de haber imputaciones el Ayuntamiento será el primero de la lista. Aclara el fiscal que, en todo caso, esta última afirmación es “una matización” sobre una “eventual imputación” que pudiera ir dirigida a los “distintos responsables de las parcelas administrativas donde debió adoptarse las resoluciones oportunas y no se acordaron”, e incluso ante una “hipotética, aunque no lejana, dirección del proceso frente al alcalde-presidente”.
SITUACIÓN IRREGULAR
Y es que, aunque, tanto el actual equipo de gobierno (CC-PP) como el anterior (CC-PSOE) defiendan que son los únicos que hicieron algo por corregir esta irregular situación, con ordenes de cierre unos y con el inicio de los expedientes de actividad clandestina otros, la Fiscalía apunta a que no se ha hecho lo suficiente por corregirla. Hasta en seis ocasiones se ha dirigido el Ministerio Fiscal al Ayuntamiento para recopilar información sobre esta situación que se detectó tras una primera denuncia de la Policía Local al intervenir en un altercado en la playa y pedir la licencia a los kioscos.
“SITUACIÓN CONSENTIDA”
La parte final del escrito de la Fiscalía en el que la jueza apoyó su decisión para rechazar la personación del Ayuntamiento en unas diligencias previas resulta clarificadora en cuanto hacia donde puede evolucionar la causa investigada, si finalmente se concluye que existen motivos suficiente para abrir una causa penal. “No se sabe con precisión quién era el responsable de las distintas áreas, pero de lo que no queda ninguna duda es que el alcalde-presidente conocía y consentía esta situación de manera permanente”. De esta forma, la posible imputación por este delito podría dirigirse contra la cabeza visible del Ayuntamiento, antes o ahora, no lo aclara la Fiscalía, o lo que es lo mismo, contra el alcalde, como responsable institucional de la entidad. Lo que queda meridianamente claro, tanto a través de los informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como los del área de Medio Ambiente, es que los nueve kioscos advertidos de cierre, no han podido demostrar que tienen algún tipo de licencia o título habilitante que les permita ejercer su actividad en la playa, por lo que desde el Ayuntamiento se era conocedor de esa situación. Así queda reflejado en el último informe de Medio Ambiente, realizado en julio de este año a petición de la Fiscalía, en el que, además de señalar serias deficiencias sanitarias, se dejaba constancia de que “se reitere a los órganos competentes las medidas necesarias para el cese de las actividades citadas y se ponga en conocimiento de la Alcaldía a los efectos oportunos”.
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