Arranca la fase judicial de uno de los mayores escándalos recientes en la historia de la Sanidad canaria. El uso de partidas en mal estado de un producto sanitario llamado Ala Octa en los quirófanos oftalmológicos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) provocó serias lesiones a varias decenas de sus pacientes, que en su práctica totalidad quedaron ciegos del ojo intervenido. Aunque las responsabilidades aparentan ser ajenas a las Administraciones canarias, lo cierto es que el responsable -desde la perspectiva jurídica de los afectados- es el Servicio Canario de la Salud.
Son tres clientes del abogado tinerfeño Juan José Rodríguez los primeros en cursar ante los tribunales de Justicia reclamaciones por el caso Ala Octa. Al tratarse de casos muy similares en que cada paciente perdió la visión de uno de sus ojos, las cantidades reclamadas son prácticamente idénticas: 200.000 euros por cada paciente. Se trata de un varón de nacionalidad italiana y dos mujeres españolas, y todos comparten la mala fortuna de haberse operado en el HUC durante un intervalo que se estima comprende desde julio de 2014 a, aproximadamente, un año después.
A la espera de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) acabe la revisión de todos los expedientes remitidos desde los hospitales españoles donde se usó el producto sanitario en cuestión, cabe recordar que el pasado mes de julio adelantó unas conclusiones provisionales: de 116 historiales médicos, al menos 75 ya son oficialmente achacados a estas partidas defectuosas de Ala Octa, que es la marca utilizada para comercializar un perfluorooctano por otra parte bien conocido entre los especialistas por su utilidad a la hora de fijar el ojo del paciente mientras se le interviene quirúrgicamente. De los restantes, la Agencia estatal solo ha descartado tres, mientras que 29 quedaron a expensas de recibir más información. Como quiera que el propio HUC remitió un total de 32, todo señala que es uno de los centros más afectados del país, si bien su jefe de Oftalmología, Miguel Serrano, advirtió en su día que había seleccionado sin ser excesivamente escrupuloso en aras de no cometer una injusticia durante el periodo de criba. Fuentes no oficiales temen que finalmente se confirmen al menos 30.
Por lo que respecta a las demandas, llegan al entender el abogado en cuestión que la vía administrativa finaliza con la falta de respuesta del Servicio Canario de la Salud a la reclamación inicial, cumplido el plazo legal de nueve meses sin respuesta alguna. Consultado al respecto, Juan José Rodríguez explicó a este periódico que no requiere de una certificación de la Aemps para demostrar en los tribunales la relación causa-efecto del uso del producto en mal estado y las lesiones causadas, por cuanto basta el informe firmado en su día por el propio doctor Serrano, del que sus pacientes siempre exculpan de toda responsabilidad y agradecen su reacción y esfuerzo al saber la realidad de lo acaecido. A estas demandas, que exactamente son reclamaciones patrimoniales a la Administración que se sustancian por la vía de lo contencioso administrativo, le seguirán como mínimo otras tres el próximo mes de enero, tal y como reconoce el también letrado tinerfeño Francisco Gutiérrez (Medina y González Abogados), quien para febrero o marzo próximos presentará al menos otras cinco o seis. Este despacho representa los derechos de cerca de una decena de pacientes afectados, y su titular detalló a este periódico que esa leve diferencia en el tiempo solo obedece a que los casos no son exactamente iguales, y de ahí ese distinto ritmo procesal en su fase inicial.
Lo que ambos abogados tienen claro es que el objeto de sus demandas es el Servicio Canario de la Salud, por mucho que parezca evidente que la responsabilidad es de la firma que produjo el producto y de la que lo comercializó. Ya en su día, el SCS reconoció que esperaba una buena cantidad de demandas por este asunto y que sus servicios jurídicos eran conscientes de que tendrán que actuar contra estas empresas para recobrar lo que, presumiblemente, la Justicia les hará pagar en compensación por los daños causados en el HUC. A este respecto es bueno recordar que, tras saberse lo que pasaba, la Aemps abrió una investigación con la empresa fabricante alemana y el distribuidor español. En este contexto, revisó la documentación del sistema de calidad de la empresa Alamedics y el proceso de fabricación, encontrando deficiencias en los controles de la materia prima y de los lotes fabricados, por lo que requirió a la empresa alemana la realización de análisis químicos, físicos y toxicológicos. El proceso de fabricación tampoco garantizaba la calidad del producto terminado, al no realizarse controles sistemáticos de la materia prima ni incluir un proceso de purificación.
Sin embargo, la trama no es tan clara como parece, ya que la propia Aemps dictó otra alerta en 2014 sobre posible mal estado de otras partidas de perfluorooctano, pero con fabricación turca y otra marca. Entonces solo se sabe de un caso en España, concretamente en Navarra, pero el hecho despierta sospechas sobre los controles a estos productos en el ámbito europeo y nacional.
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