Consumado el divorcio entre CC y el PSOE, Canarias está gobernada en solitario por el tercer partido en número de votos aunque sea el primer grupo parlamentario. En las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015, el PSOE recogió 180.669 papeletas (el 19,86%). Por detrás quedaron el PP, con 169.065 sufragios (18,59%), y CC-PNC, que sumó 165.445 (18,19%). Sin embargo, el sistema de reparto de los 60 escaños atribuyó 18 asientos al grupo Nacionalista; 15, al Socialista, y 12, al Popular. Podemos está representado con 7, y Nueva Canarias, con 5. Los 5.089 votos de Agrupación Socialista Gomera se traducen en 3 actas de diputado, mientras que los 53.981 de Ciudadanos chocaron con la doble barrera electoral: el 30%, la regional, y el 6%, la insular.
Ante este panorama, observado con la realidad aumentada de la situación creada por la ruptura del pacto, se alzan las voces que denuncian la “anomalía democrática” que supone la circunstancia de que el 18,19% gobierne Canarias sin más compañía que la sombra de los 18 representantes en el Legislativo.
Esta deforme distribución es consecuencia de la aplicación de la denominada triple paridad, cuya vigencia reivindican con ahínco CC y ASG (seguramente, no por casualidad). El PSOE la amortizó cuando inspiró, junto a Coalición, la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía, que el 13 de diciembre superó en el Congreso el debate de toma en consideración. En esta etapa sin ataduras sentimentales (ideológicas) ni programáticas, la comisión de estudio del régimen electoral alcanza una dimensión imprevista. Y no es descartable que el PSOE ingrese en el club que congrega a 12 fuerzas políticas; entre ellas, el PP, Podemos, Nueva Canarias y Ciudadanos. La línea argumental de este colectivo abarca una rebaja de los topes, una mejora de la proporcionalidad y la aplicación de la fórmula en los comicios de 2019. Con los criterios territorial y de población se pretende erradicar el “refugio del insularismo”.
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