¿Es Alejandro Cordero el cabeza de turco elegido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna para el llamado caso Grúas? Mientras aún resuena por las paredes del Consistorio de la Ciudad de los Adelantados que la iniciativa en pro de una moción de censura vía redes haya sido trending topic a nivel nacional, ayer se celebró otra reunión de la comisión que estudia el asunto. En la misma finalmente comparecieron dos técnicos de alto rango, y coincidieron en señalar a Cordero como responsable de estar al tanto de las irregularidades acaecidas en el servicio de grúas municipal entre los años 2011 y 2015. Cierto es que se trata del entonces jefe de servicio, pero en su comparecencia ya advirtió de un dato clave: nunca tuvo constancia oficial de cuáles eran exactamente sus funciones.
Dos de cuatro
La cita de ayer quedó marcada por las ausencias, al parecer justificada en ambos casos, del interventor y del tesorero municipal, Gerardo Armas y Javier de la Cruz, respectivamente. Así las cosas, hubo revival y volvieron a declarar la jefa del área de Seguridad Ciudadana, Rosario del Carmen Hernández, y el responsable de los Servicios Económicos del Consistorio, Estanislao González Alayón. Es de agradecer su disponibilidad, no ya para acudir a la comisión, sino para repetir en la misma al objeto de aclarar dudas. Ya habrá ocasión de comprobar si los políticos tienen el mismo talante.
Tanto Hernández como González tuvieron clara su respuesta sobre quién debía auditar, en sentido amplio, lo que pasaba con el servicio de grúas de La Laguna: Cordero. Ambos explicaron además que nunca tuvieron conocimiento de lo que acaecía hasta que llegaron noticias al respecto desde la Guardia Civil, los entonces empleados de la concesionaria que denunciaban los impagos e incluso a través de la Policía Local, cuyos sindicatos no dudaron en dirigirse al Ayuntamiento a finales de 2013 para saber si estaban colaborando de forma involuntaria en unas irregularidades, al parecer flagrantes para todos menos para quien debía evitarlas. A todas estas, lo cierto es que Cordero ya dejó claro en su día esa falta de notificación concreta sobre sus funciones al respecto, y que además su nombramiento tuvo igualmente un carácter oficioso. En cuanto al interventor y el tesorero, todo apunta a que comparecerán el próximo viernes.
Especial interés ofrece el primero, por cuanto informó en contra del singular adelanto de 120.000 euros a una concesionaria intervenida y que no cumplía requisitos fundamentales incluidos en el pliego de adjudicación, como por ejemplo contar con el título de capacitación (tarjeta de transporte) para llevar a cabo el servicio o estar al día en cuanto a pagos a trabajadores y a la Seguridad Social, lo cual debía justificarse antes del día 15 de cada mes y que terminó con varios embargos a la empresa.
El alcalde, invitado
Tal y como anunció este periódico, la comisión del caso Grúas aprobó invitar (así lo llaman desde ayer) al alcalde actual a que comparezca para que ofrezca las explicaciones pertinentes sobre las irregularidades detectadas. Cabe recordar que el testimonio de José Alberto Díaz, por aquel entonces edil del área en cuestión, está considerado como uno de los dos más determinantes en este asunto, junto al de su antecesor y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a quien se le busca compaginar la agenda para que pueda ofrecer su testimonio ante este órgano municipal.
La comisión decide que invita y no convoca a comparecer
En la democracia, la forma es aún si cabe más importante. Por eso la comisión se entretuvo ayer en decidir si invita o convoca a comparecer ante la misma, dado que no es vinculante y el afectado puede optar por desoir la llamada. Eso sí, la repercusión negativa que políticamente tendría una ausencia parece desaconsejar las mismas.
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