Se acumulan metales como el cobalto y el cromo en la sangre del paciente afectado por el exceso de fricción en la prótesis defectuosa implantada en su cadera, lo que deriva generalmente en problemas de carácter renal, hepáticos, cutáneos… Así resumía el doctor Víctor Zurriaga los padecimientos de quienes tuvieron la mala fortuna de recibir estos productos en mal estado de la firma Johnson and Johnson en el informe incluido en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 3 del Puerto de la Cruz que reconoció al tinerfeño Juan Zerpa su derecho a ser indemnizado con 363.048 euros por esta causa, en decisión judicial fechada a mediados del año pasado y referente procesal para este tipo de casos en el Archipiélago. Ayer, este llamativo caso de negligencia sanitaria internacional recobró actualidad en la Isla por la convocatoria del bufete especializado Emilio Ortiz Abogados, que reunió en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña a varias decenas de afectados. Según explicó el letrado, en las Islas hay constancia de unas 40 reclamaciones, pero el número de afectados puede alcanzar los 600 en todas las Islas. A este respecto cabe recordar que sólo en el centro hospitalario donde se operó a Zerpa se implantaron un centenar de estas prótesis defectuosas, tal y como desveló el cirujano en cuestión durante la vista oral celebrada en la localidad turística norteña. No en balde, se da por hecho que hay aproximadamente 93.000 afectados en todo el mundo por esta causa, que no deja de ser un caso de envenenamiento masivo de miles y miles de pacientes. En caso de confirmarse esa estimación de 600 canarios afectados, el Archipiélago sería una de las comunidades con mayor impacto del caso prótesis, por cuanto se cree que son unos 2.000 los españoles que recibieron este material.
La cita de ayer en el Mencey sirvió, además de para el intercambio de vivencias entre afectados y el siempre necesario asesoramiento jurídico, de llamada de atención a una sociedad donde, explican los especialistas, habría cientos de personas que sufren males diversos sin saber que, en realidad, se deben a estas prótesis defectuosas que, a partir de los cinco años, empiezan a aflojarse con las consecuencias descritas al inicio. Así las cosas, no es de extrañar que ayer se realizara un llamamiento a las autoridades sanitarias, y en concreto a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para que colabore en la difusión de un asunto crucial para la salud de número tan considerable de isleños como el que se maneja.
Pero hay más. En la sentencia portuense también se abordan otros efectos perniciosos relacionados con el caso, ya que la doctora Amada Santana detalla en otro informe que, como consecuencia de estos hechos, el paciente “padece síntomas que se circunscriben al apartado de cambios de personalidad debido a la enfermedad médica, que cursan clínicamente con sintomatología depresiva, tristeza, apatía, pérdida de seguridad asociada a sentimiento de incapacidad y cambios conductuales como irritabilidad, baja tolerancia a la frustración e insomnio”. En resumen, un calvario que merece ser compensando en la manera de lo posible.
Fue entre julio de 2003 y agosto de 2010 cuando la empresa DePuy, una filial de Johnson&Johnson, distribuyó un modelo de prótesis de cadera defectuosa en 70 centros sanitarios públicos y privados españoles. La prótesis, comercializada como ASR, fue vendida en doce de las diecisiete comunidades autónomas, incluida Canarias.
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