Los padres y madres de los alumnos del Centro de Educación Especial Adeje, en Guargacho (San Miguel), que ayer denunciaron en este periódico las deficientes instalaciones del centro en el que reciben atención sus hijos (30 niños con una discapacidad psíquica por encima del 85%), estudian emprender una campaña de micromecenazgo (búsqueda de financiación colectiva a través de diferentes aportaciones) para construir un nuevo colegio.
La medida, anunciada ayer a este periódico por Amadeo Barba, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, pretende recabar todo el apoyo social posible, pero, sobre todo, llamar la atención sobre unas instalaciones que distan mucho de reunir las condiciones elementales para atender a niños grandes dependientes. “En los últimos días la sociedad se ha volcado y tratamos de que ese respaldo se materialice en una cantidad económica que, ya sea simbólica o significativa, entregaríamos a la Consejería de Educación, para que no tenga excusas”, apuntó Amadeo Barba.
Una muestra de ese apoyo la percibieron ayer los padres en el acto solidario celebrado en el llamado chiringuito de Las Salinas, en Playa de Las Américas, donde se organizó una jornada para recaudar fondos destinados a instalar en el patio del colegio dos columpios adaptados para los niños. “Ha sido un éxito, ha participado mucha gente, y una muestra de su respuesta es que las 500 pulseras que vendíamos a tres euros se han agotado. Creemos que esa aportación y otras que nos han llegado desde particulares y alguna empresa permitirá que logremos colocar esos columpios. Estamos muy satisfechos”, manifestó el presidente de la AMPA.
“Nuestros hijos no son animales”
La instalación de un módulo prefabricado, a mediados de 2015, para acoger a media docena de chicos ha acrecentado el malestar y ha agotado la paciencia de los padres. Según denuncian, el barracón se ha convertido en un aula en el que seis niños respiran a diario a golpe de aire acondicionado, ya que las ventanas no se abren porque se ve la calle y se distraen. El colegio cuenta con cuatro aulas más: dos ubicadas en el centro cultural (que depende del Ayuntamiento de San Miguel) y otras dos en la antigua escuela unitaria. Las dependencias se completan con un patio que también se ha quedado pequeño. “Nuestros hijos son personas, no son animales”, denunciaba ayer a este periódico Carolina, madre de Angelo, un niño autista de 16 años, en alusión al barracón, visible desde la calle.
Pero las quejas van más allá de ese módulo con forma de caja de zapatos. “La comida está considerada una asignatura curricular, porque enseñan a los niños a deglutir y la Consejería nos pasa la cuenta”, se quejan, mientras recuerdan que “hay padres que no pueden pagar esa cantidad, que ronda los 80 euros al mes”. Las condiciones del comedor tampoco son las más adecuadas: “Es un pasillito, no caben todos, así que la mitad come en las propias aulas”. Otra de las reivindicaciones pasa por pedir más actividades orientadas a las estimulación sensorial, como la musicoterapia. La solidaridad de diversas entidades y ONG han salvado algunas urgencias que no ha resuelto el Gobierno de Canarias. La Obra Social de La Caixa ha aportado una cantidad para adquirir elementos de estimulación sensorial y la organización Helping Hands ha sufragado la colocación de un toldo motorizado en el patio que evite la exposición al sol de los niños, además de diferentes utensilios digitales como tablets. “A la Consejería se le debería caer la cara de vergüenza”, apunta Amadeo Barba.
Padres y madres aseguran que se han cansado de esperar y ya estudian ir a la Fiscalía, convencidos de que se vulneran la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, la Ley de Accesibilidad y Supresión de las Barreras Físicas y el Código Técnico de la Edificación. Y si no hay solución este año, anuncian que llevarán a los niños a las puertas de la Consejería.
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