Acabar como sea con las cacas de perro en las aceras del municipio. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona eleva a categoría de prioridad este objetivo después de comprobar que las últimas campañas con folletos y cartelería han servido más bien para poco. Hay verdadera preocupación en el alcalde y su equipo de gobierno, porque allá donde quiera que acuden a una reunión con vecinos, estos colocan en lo más alto de sus reivindicaciones acabar con los excrementos de los animales que pasan por ser los mejores amigos del hombre, aunque ellos no tengan precisamente la culpa de dejar sus recuerdos sobre el pavimento. Caminar por las aceras se ha convertido en una actividad que presenta sus riesgos, por mucho que la tradición asocie con la suerte el binomio entre la suela del calzado y estos residuos metabólicos.
El incremento de la población (en localidades como Llano del Camello y Las Chafiras no hay prácticamente pisos para alquilar) ha traído consigo un considerable aumento del número de mascotas. El problema ha ido a más en los últimos años y se ha agravado en aquellos lugares donde se concentra un mayor número de habitantes: en el citado núcleo de Llano del Camello, el casco de San Miguel y en Guargacho, donde se da el caso de que 600 niños del colegio El Monte afrontan cada mañana lo más parecido a una carrera de obstáculos, que supone una amenaza para su salud.
El Ayuntamiento ya ha puesto en estos días media docena de multas, que para quien le toque no es ninguna broma: entre 150 y 300 euros. También la Policía Local ha extremado la vigilancia y hasta ha incorporado agentes de paisano a la caza de los dueños incívicos.
El alcalde, Arturo González, avisa de que si no funcionan estas medidas, se tomarán más adelante otras “más radicales” que prefiere aún no desvelar, “porque estamos ante un problema que puede afectar seriamente a la salud de las personas y, especialmente, de los niños”. El mandatario sanmiguelero cree que se trata de un “problema de conciencia”, lo que “obliga al Ayuntamiento a buscar soluciones, sobre todo porque ya es un clamor: el 90% de los vecinos nos lo pide”, recalca.
El concejal de Servicios Generales, Julián Martín, recuerda que este problema está generando un coste económico importante para el Ayuntamiento. “Se requiere más limpieza y eso supone un aumento del gasto público que sale del bolsillo de los vecinos”. El edil matiza que la preocupación va más allá de los excrementos y cita “los orines en las puertas de las casas y en las farolas, que ya están hasta oxidadas”. Alcalde y concejal insisten en que el Ayuntamiento “no está en contra de los perros ni de los vecinos, sino de los comportamientos incívicos”.
1.000 animales sin censar
San Miguel de Abona cuenta con 1.000 perros censados y, según los cálculos del Ayuntamiento, al menos otros 1.000 sin censar. Por este motivo, y por no llevar el chip correspondiente, se han impuesto más de 30 multas (por importe de 30 euros) en los últimos meses.
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