El Ayuntamiento de Güímar abonó una multa de tráfico de 600 euros por una infracción contra la seguridad vial cometida por un vehículo adscrito a la Alcaldía, sin que se quisiera dar el dato del conductor. Este abono, del 15 de diciembre de 2016, es uno de los muchos reparos levantados por la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, en contra de los informes desfavorables de la secretaria Marisa Santos, y que han sido denunciados por la oposición.
El decreto 4230/2016 de la alcaldesa ordena el pago de la obligación reconocida por ella en concepto de cantidad a justificar para sufragar los gastos de multa por no proceder a la identificación veraz del conductor que cometió la infracción el 1 de junio de 2016, por importe de 600 euros.
La secretaria firmó el decreto con la apostilla de diligencia desfavorable en la resolución de reconocimiento, y con letra a mano, en uno de los márgenes, escribe que la Alcaldía se negó a identificar al conductor que cometió la infracción con un vehículo municipal y recuerda que ello “puede constituir un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, que prevé de 7 a 10 años de inhabilitación para cargo o empleo público, por cometer, a sabiendas de su injusticia, resolución arbitraria en acto administrativo”.
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