economía

La huelga de estibadores amenaza con desabastecer a las Islas

El colectivo protesta por la reforma que quiere impulsar el Gobierno por orden de la UE y anuncia que parará el 20, 22 y 24 de febrero

 

 El salario medio anual de un estibador está en unos 60.000 euros; en la imagen, el puerto de Santa Cruz. DA

El salario medio anual de un estibador está en unos 60.000 euros; en la imagen, el puerto de Santa Cruz. DA

Los puertos se enfrentan a una auténtica batalla si finalmente el Ministerio de Fomento saca adelante la reforma de la estiba sin el consenso del sector. Y es que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) anunció ayer paros parciales en horas impares desde las 8.00 horas del 20 de febrero hasta las 8.00 horas del día 21; y así igual los días 22 y 24 del mismo mes.
El motivo, según explicó ayer el coordinador de CETM, Antolín Goya, es “obligar” a Fomento a abrir un proceso de negociación para iniciar esta reforma con el consenso del sector y de los trabajadores. “Nosotros tenemos menos ganas que nadie de ejecutar estos paros, pero no podemos permitir que una ley que afecta a un colectivo de más de 6.000 trabajadores se haga sin la participación del sector”. En opinión de Goya, la reforma planteada por Fomento constituye “un ERE encubierto, pagado con fondos públicos, que creará un modelo en el que las empresas tendrán capacidad de libre contratación e indemnizarán el despido del personal actual con fondos públicos”.

El Ministerio que dirige Íñigo de la Serna justifica este decreto por imposición de Europa, que considera que el sistema de estiba español es contrario a la normativa europea, por lo que, en caso de que España no “arregle” este asunto, podrá ser sancionada con 21 millones de euros.

Actualmente, el sector tiene un sistema de organización en virtud del cual las empresas de la estiba que quieran operar en los puertos públicos (46) tienen que entrar en la sociedad de gestión de los trabajadores portuarios (Sagep) y, además, están obligados a contratar a estos trabajadores. La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las empresas contratar libremente y, para ello, da un plazo de tres años.

Este colectivo, unas 800 personas en Canarias, gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar. Por ello, este paro afectará a un sector fundamental para la economía, ya que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones. Aún no está cuantificado cuánto dinero se podría perder si los puertos paran, pero fuentes del sector aseguran que afectará a las mercancías perecederas, así como a posibles desvíos de cruceros o, incluso, cancelaciones. De hecho, si prosigue en el tiempo, Canarias se podría enfrentar a un serio problema de desabastecimiento.