Pese a que Canarias cuenta en estos momentos con uno de los mejores programas para atender a las personas sordas con un implante cocleares, cuyo cobertura es del 100% del coste del sistema, lo cierto es que desde hace unos meses la gestión del mantenimiento de dichos dispositivos no es la adecuada, contraviniendo lo acordado entre los afectados y el propio Gobierno de Canarias en 2015. De hecho, los retrasos para hacer frente a parte del mantenimiento provocan que muchas familias se vean obligadas a asumir el coste de los repuestos; de lo contrario, las personas afectadas pueden perder la audición de un día para otro. La gravedad de este problema no solo condiciona la vida de los adultos, que se ven afectados en sus actividades cotidiana, sino que también repercute en numerosos niños y adolescentes que han recibido dicho implante para poder oir y que por la demora administrativa en reparar el citado mecanismo, pierden clases y sesiones de terapias, como la logopedia.
Así lo denunció ayer a DIARIO DE AVISOS el presidente de la Asociación de Implantados Cocleares de Canarias, Juan José León, quien puntualizó que ahora en el Archipiélago hay unos 1.000 afectados, de los cuales entre 550 y 600 son niños y jóvenes. Pese a que la sanidad pública canaria cubre los gastos derivados del mantenimiento de estos sistemas, en los últimos meses ha sufrido continuas demoras la autorización pertinente que ha de otorgar las direcciones de área en cada isla para el abono de los gastos. De hecho, el presidente del colectivo explicó a este periódico que dos jóvenes de Lanzarote realizaron las solicitudes en noviembre y aún no han sido incluidas en el sistema informático. Según matizó, en la instrucción negociada entre la asociación y el Ejecutivo se estableció el acuerdo de que el periodo máximo para conceder la autorización del abono de los gastos no debía exceder de 15 días, pero en la actualidad llega a ser de tres meses. León insistió en que, una vez que los implantes sufren fallos, dejan de funcionar y las personas dejan de oír, por lo tanto, si no se adquiere el repuesto necesario a la mayor celeridad.
Por ello, muchas familias han tenido que costear los repuestos. Este gasto está representando un problema en las economías domésticas, toda vez que el desembolso es elevado y, por lo general, las afectados no pueden hacer frente al mismo. Como ejemplo, León explicó que en uno de los jóvenes perjudicados ha tenido que hacer frente a un desembolso de cerca de 2.600 euros, al necesitar de forma inmediata los dos procesadores imprescindibles para no quedarse sordo en el acto.
Otro de los problemas puestos sobre la mesa por Juan José León es que si el gasto derivado del mantenimiento de los implantes es superior a 217 euros, la familias deben adelantar el dinero y adquirir los productos, para que luego sea reembolsado por la Administración. Denunció que en el acuerdo de 2015, que ha dado lugar a la instrucción que regula este funcionamiento, no está recogida dicha condición, sino que se ha empezado a exigir en los últimos meses. Además, criticó lo que esto supone para muchas personas que no cuentan con los recursos necesarios para sufragar las cuantías. Por último, insistió en que toda esta situación se podría solucionar dotando de una partida fija al presupuesto regional, la cual, a su juicio, debería rondar los 300.000 euros anuales.