El Parlamento autonómico fue ayer un clamor unánime contra el proyecto de tendido que promueve Red Eléctrica de España (REE) en Lanzarote y Fuerteventura, con miras además en su interconexión con Gran Canaria. Los 53 diputados presentes aprobaron una propuesta de Nueva Canarias (NC) con la que instan al Gobierno regional a paralizar este proyecto hasta que se busque una solución consensuada con los cabildos y ayuntamientos afectados, de modo que sea acorde con los valores paisajísticos, ambientales y sociales.
La presión de los diputados de CC por Lanzarote y Fuerteventura en el seno de su propio grupo hizo que este negociara una enmienda con NC, lo que posibilitó que el acuerdo fuera unánime y evitó el riesgo de división a la hora del voto en las filas del partido de Fernando Clavijo, debilitado ahora en un Gobierno en minoría.
Y ello pese a que es al Ejecutivo de CC al que se criticó por activa y por pasiva desde la oposición por haber recurrido, desde la Consejería de Industria, el auto que suspende, de forma cautelar, la ejecución de un tramo de este tendido en Fuerteventura, tras un litigio del Cabildo majorero.
El consejero de Industria, Pedro Ortega, se escudó en que recurrió porque así se lo indicaron sus servicio jurídicos, aunque avanzó que dará instrucciones a los abogados de Gobierno para ver cómo ejecutar el acuerdo adoptado ayer por el Parlamento. Sin embargo, y lejos de los demás discursos, advirtió de que el auto que paralizar el proyecto “puede suponer un grave parón para las energías renovables, y una amenaza para que pueda impulsarlas”. Y se explicó: sin repotenciar las líneas de transporte no son viables el 44% de los nuevos parques eólicos previstos en Fuerteventura, y los restantes tendrán “grandes restricciones de producción”. Y además previno de que hay de plazo hasta 2018 para que los nuevos parques eólicos se construyan y puedan acogerse a la retribución específica pactada con el Ministerio de Industria, si bien el acuerdo adoptado por la Cámara recoge solicitar que ese plazo se amplíe para que los inversores no pierdan tales incentivos. Defendió la propuesta la diputada de NC Gladys Acuña, también alcaldesa de Yaiza, quien, como los demás grupos, instó a Ortega a retirar el recurso y que “no tenga solo en cuenta el criterio económico” de la empresa. Natividad Arnáiz (Podemos) pidió “anteponer los intereses de las personas al de las multinacionales del Ibex”. Agueda Montelongo (PP) acusó a REE de “haber prescindido de una alternativa”. Rosa Bella Cabrera (PSOE) tachó el tendido de “gran paso atrás” ambiental. Migdalia Machín (CC-PNC) recordó que “la sociedad nos pide conjugar progreso con respeto al paisaje”. Dolores Corujo (PSOE) descalificó el proyecto como “una salvajada”. Y Ramos Chinea (ASG) instó a “anteponer los intereses de los canarios al de una empresa”.
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