Riñas de gallos: entre la tradición y la crueldad

Las reacciones tras la redada por las peleas de perros en Güímar reabren el debate para endurecer la ley y acabar con todo tipo de maltrato animal
PELEAS GALLOS
PELEAS GALLOS
La Ley canaria de 1991 sobre animales domésticos se entendió en su día como una norma para prohibir solo las corridas de toros. / FRAN PALLERO

La gran redada que culminó el pasado día 18 en La Medida (Güímar) con el desmantelamiento de una red nacional de peleas de perros ha vuelto a reabrir un viejo debate en la sociedad canaria sobre el maltrato animal y la permisividad de las instituciones sobre prácticas que los colectivos animalistas consideran deben ser abolidas, prohibidas de cuajo, como las peleas de gallos o la caza con perros, obviando lógicamente que las peleas de perros ya de por sí están consideradas fuera de la ley.

No pasa lo mismo con las peleas o riñas de gallos, una tradición que se remonta a tres siglos en Canarias y que cuenta con medio centenar de partidos (así se denominan a los clubes o asociaciones) en las Islas, 16 de ellos en La Palma, 6 en Tenerife y 2 en la isla de El Hierro. Los partidos participan en una liga regional a través de la Federación Gallística Canaria que controla a un millar de criadores o casteadores, después de ser creada en 2004, trece años después de una Ley Canaria contra el maltrato animal que no llegó a prohibir las peleas de gallos, como quería su propulsor en 1989, el diputado popular Miguel Cabrera Pérez Camacho. Eso sí, se le pusieron trabas -impedir subvenciones, realizar las peleas en recinto cerrados y no públicos y prohibir la entrada a menores de 16 años- para dejar morir esta llamada tradición por inacción, algo que en realidad no ha logrado la ley del 91.

A raíz de los sucesos de Güímar, que acabaron con la detención de una treintena de personas, con penas de cárcel para diez de ellas -seis la han eludido por ahora, a través de fianza- y la recuperación de dos centenares de perros potencialmente peligrosos en distintas zonas de Tenerife, las protectoras de animales y asociaciones animalistas han retomado de nuevo la campaña contra el maltrato animal, de tal guisa que, incluso, han llegado a solicitar la prohibición de los perros en la caza o abandonar la experimentación de animales de laboratorio.

Precisamente, tras una reunión con Abel Román, miembro de la Red Canaria Solidaria Contra la Crueldad Animal, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, se comprometió a elevar al pleno del próximo 30 de marzo, una moción institucional donde se exige la prohibición de las peleas de gallos y el control -no prohibición- de los perros de caza, entre otras medidas para acabar contra el maltrato animal. Una moción que contará con su voto favorable, porque “no podemos hablar de ir contra el maltrato animal y quedarnos quietos”, advirtiendo, eso sí, que dará libertad de voto a sus concejales, al tratarse de un tema “de moralidad”, afirmó.

Sin embargo, pese a esas buenas intenciones animalistas, la alcaldesa ha sido objeto de severas críticas por algunas protectoras de animales. La más vehemente es Adepac, cuya presidenta, Yaharia Thovar, llamó a Güímar “pueblucho de maltratadores” e insiste en culpar a la alcaldesa del maltrato animal que se produce en su municipio, en donde, según Adepac, “se siguen produciendo peleas de perros”.

Carmen Luisa Castro, que ha llegado a insinuar la posibilidad de nombrar persona non grata a Yahaira Thovar si no rectifica sus palabras, invita a Adepac a demostrar y denunciar esas prácticas ilegales en Güímar.

Con ese caldo tan caliente, el viernes se realizó una concentración animalista en las puertas del Parlamento de Canarias, adonde asistió Carmen Luisa Castro, con su mascota, y un buen número de güimareros, que presenciaron cómo el acto se convirtió en un ataque personal hacia la regidora municipal, a la que culpan de todos los males que se ocasionan a los animales en Güímar.

Pero resulta curioso, además, que si Carmen Luisa Castro se ha convertido en la diana de los animalistas -no de todos, hay que aclarar- también lo es de cazadores y galleros, a quienes no les ha gustado nada su apoyo a esa moción que quiere acabar con su actual estatus.

Los galleros, al menos los de Güímar, no han querido responder a la invitación de DIARIO DE AVISOS para dar su versión sobre la prohibición de las riñas de gallos que se va a promover desde el Ayuntamiento, aunque han dejado claro que “no nos vamos a a quedar quietos”, dijo Alfonso Oval, uno de ellos.

Los cazadores también andan indignados con que se baraje la posibilidad de prohibir los perros en la caza, una petición que finalmente se quedó, en la moción de marras, en una vigilancia de las condiciones en las que se cuida a los perros cazadores. Además, Canarias, al contrario que con lo ocurre con las peleas de gallos, asume la legislación nacional en caza y pesca.

LA LEY DEL 91

La conocida Ley 8/1991 de Protección de los Animales, conocida también como la ley Miguel Cabrera Pérez-Camacho, fue aprobada en el Parlamento de Canarias el 30 de abril de 1991, después de varios reformados a la propuesta elevada por el diputado popular que, como él mismo dice, “me estallé como una pita”, porque en realidad la norma quedó como un documento, según él -que no el presidente del Gobierno canario de entonces, Lorenzo Olarte-, “para acabar con las corridas de toros, cuando estas ya no se realizaban en Canarias”.

Sobre las peleas de gallos, la ley reconoce que “es indeseable hacer negocio con el maltrato, sufrimiento y muerte de animales. Por ello, algunas tradiciones arraigadas en las Islas que involucran tales espectáculos, como son las peleas de gallos,si bien argüyen en su defensa los aspectos tradicionales y aun culturales, es evidente que son tradiciones cruentas e impropias de una sociedad moderna y evolucionada. Por esto, esta ley propicia su desaparición natural, mediante mecanismos normativos que impidan su expansión, prohibiendo el fomento de este espectáculo por las administraciones públicas, no autorizando nuevas instalaciones, con la exigencia que se desarrolle en locales cerrados y prohibiendo la entrada a menores de 16 años”.

Y generalizando, sobre los animales domésticos “queda prohibido maltratarlos o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimiento o daños injustificados, abandonarlos o mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario”.

Olarte: “Me gustan las peleas de gallos, pero reconozco su crueldad”

Lorenzo Olarte

Lorenzo Olarte Cullen era presidente del Gobierno de Canarias cuando se tramitó la Ley 8 /1991 y comenta sobre la misma que, “como legislador, no me podía oponer a una ley que promulgaba la desaparición poco a poco de las peleas de gallos y, aunque a mí me gustan, porque las viví de pequeño, no dejo de reconocer su crueldad”. Sobre esa ley, que trata de los animales domésticos, Olarte insiste, en contra de lo que afirma su propulsor, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que “no era una ley para acabar con los toros, porque al día de hoy pueden haber corridas de toros en Canarias. Cómo va a ser un toro de lidia un animal doméstico ni de compañía; ponga un toro bravo en su casa y verá cómo le embiste”, afirma Olarte, para quien esa ley “trataba de llevar las peleas de gallos al desuso; no se podían cortar con un decreto”.

Cabrera: “Me estallé como una pita, pero hoy nadie votaría en contra de la prohibición”

Miguel Cabrera
Miguel Cabrera

El abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho reconoce que con aquella ley “me estallé como una pita”, porque todos los partidos, presionados por los galleros, votaron en contra o se abstuvieron, “excepto Pedro Lezcano”, recuerda. El entonces diputado del PP afirma que “todos fueron unos hipócritas, porque los toros en Canarias no importaban”. Precisó que para él “un toro es un animal doméstico, porque come de la mano del hombre, según la definición de animal doméstico del DRAE y Olarte solo trata de confudir”, insiste. “La ley, al menos, sirvió para acabar con el tiro al pichón, las peleas de perros y poner restricciones a los galleros. Estoy seguro de que si hoy se envía un nuevo proyecto de ley al Parlamento las peleas de gallos quedarían prohibidas”. Por último, Cabrera anunció su apoyo a la alcaldesa de Güímar.

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