La iniciativa legislativa que impulsa el Cabildo para que los barrancos de Güímar se conviertan en espacio rústico de protección medioambiental y pierdan así su consideración de suelo minero, será tratada mañana por la tarde en el Parlamento de Canarias, en donde se espera que sus señorías aprueben su tramitación, aunque las diferencias entre los partidos sobre este asunto es más que notable.
Así, por ejemplo, los consejeros de Podemos en el Cabildo apoyan sin fisuras la iniciativa legislativa que emane de la institución insular, mientras que Podemos en el Parlamento está en contra por entender que la misma podrá retrasar el cumplimiento de una sentencia que condenó a cuatro areneros -uno de ellos, Francisco del Rosario, ya en la cárcel- a restaurar el daño ecológico causado en el espacio de los barrancos de Güímar, algo que desmienten nacionalistas y socialistas. No obstante, estos últimos también albergan dudas, tras consultar con el abogado de la acusación particular en el llamado caso Áridos, Carlos Álvarez.
Tampoco el Partido Popular es firme a la hora de decidir la tramitación o no de esa iniciativa legislativa, porque los populares del Cabildo ya se mostraron en contra al no admitir que en ese suelo cupieran los proyectos turísticos que pretende impulsar la alcaldesa popular Carmen Luisa Castro, que, sin embargo, ha declarado que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, le hizo un guiño la semana pasada con la posibilidad de situar una enmienda transaccional para incluir la posibilidad de, en un futuro, declarar parte del suelo de interés general. Algo que ha confirmado el propio Alonso.
La alcaldesa adelantó que las dudas que mantiene su partido sobre la iniciativa legislativa, gestada desde hace más de dos años en el Cabildo, es que debería ser este el primero en cambiar el PIOT para no tener que pagar indemnizaciones a los actuales propietarios de las canteras de áridos clausuradas, a lo que no tienen derecho, según Luisa Castro, pues nunca han tenido licencia municipal para ejercer la actividad y ya hace más de 10 años que están clausuradas. Además, hay una sentencia a la que tienen que hacer frente y que valoró la restauración de los hoyos en más de 270 millones de euros, que el Cabildo en su plan eleva a los 344 millones.
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