Carlos Alonso no se ha escondido a la hora de abrir la puerta al desarrollo turístico en los barrancos de Güímar, pero solo en aquellas zonas donde ya está “agotada” la capacidad de extracción. Según Alonso, el Cabildo no ha querido “mirar para otro lado”, y sostiene que la ley va a permitir que la sentencia judicial contra los areneros “se cumpla en su integridad” y se produzca la restauración a través del plan territorial de Cabildo en coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, “y el principal caudal de fondos vendrá de la sentencia”, sin tener en cuenta que dos de los condenados se han declarado insolventes.
El presidente del Cabildo confirmó ayer que ha llegado a un principio de acuerdo con la alcaldesa, Luisa Castro, para que los espacios donde no es posible la extracción se desarrollen actividades distintas, como las turísticas, pero también la agraria, que debe ser la “principal”, ya que esa zona puede ser una “despensa” de la isla, con un “potencial enorme” del aguacate o la ganadería.
Sobre la tramitación parlamentaria, ha comentado que no sería “coherente” que PSOE y Podemos se desmarcaran cuando aprobaron la ley en el Cabildo, y cree que “lo menos que puede hacer” la Cámara es aceptar la iniciativa “y buscar la manera de que se pueda realizar con consenso y seguridad jurídica”.
Luisa Castro recordó ayer que “lo fundamental es quitarle al suelo su condición de minero” e insistió en que “un plan integral pasa por que se puedan realizar proyectos sostenibles y turísticos”, recordando que “de aquí salió el árido para construir todo Tenerife y Güímar necesita también tener futuro”.
Carlos Álvarez, el abogado de la acusación particular, mantiene sus dudas sobre la oportunidad de esta iniciativa legislativa, porque para él, lo primero “es restaurar, como dice la sentencia, y luego se podría catalogar el suelo y estoy viendo que no es así”, tras advertir de que lo más coherente ahora mismo es “oponerse a esa proposición de Ley”.
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