Para Francis Hernández, único concejal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Arafo, la reciente investigación abierta por los vertidos en el Valle de Güímar son “el resultado de la constancia en las denuncias de organizaciones políticas preocupadas por el lamentable estado de nuestra costa”. Además, añade que las multas impuestas a los ayuntamientos por esos vertidos en el Polígono Industrial deben pagarlas sus regidores por hacer dejación de sus funciones como responsables de la instalación desde julio de 2013.
La apertura del expediente sancionador a los tres municipios del Valle por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) por los vertidos no autorizados en la costa “ha comenzado a salir a la luz como consecuencia de la situación que venimos denunciando de forma reiterada ante los tres ayuntamientos y el Cabildo”, señala Francis Hernández.
A los tres ayuntamientos se les ha abierto un expediente sancionador que recoge una multa de 30.000 euros, teóricamente 10.000 euros cada uno -aunque los tres consistorios no piensan lo mismo-, pendiente aún de si la recurren o no, a expensas de lo que suceda con la Entidad Urbanística de Conservación, que sigue anclada en la aprobación definitiva de sus estatutos y del compromiso de que el Cabildo se hiciera cargo del emisario submarino que aliviaría los vertidos, que todavía hoy se siguen produciendo, al tiempo que resulta imprescindible el arreglo y mejora de la depuradora del Polígono, que nada tiene que ver con la comarcal que anuncia el Cabildo para el año 2019.
Hernández denuncia, en concreto, “la mala gestión, la desidia y la permisibilidad de los actuales regidores del Ayuntamiento de Arafo en cuestiones medioambientales y, sobre todo, en el parámetro de contaminación en nuestro Polígono Industrial, que ha llevado al Gobierno de Canarias a multarnos con un tercio de la sanción impuesta a los tres municipios del Valle”. Agrega que, “en el caso de Arafo, es aún más grave, ya que el porcentaje de suelo es muy superior al resto y es donde se encuentra ubicado el emisario y la depuradora, ambas instalaciones en un estado deprimente”.
Para Hernández, “José Juan Lemes ha permitido que esta situación se haya complicado con el paso del tiempo, y basta recordar que sus enfrentamientos personales con la alcaldesa de Güímar ha demorado la puesta en marcha del mantenimiento del Polígono”.
Según Izquierda Unida en Arafo y los ediles de Sí se Puede en Candelaria y Güímar, “en estos últimos años los niveles de contaminación por verter al mar aguas sin control ha llegado a niveles preocupantes para la salud y el ecosistema”. Recuerdan que “las empresas que realizan su actividad en el Polígono vierten al mar directamente todo los residuos que se generan”.
Francis Hernández, ciñéndose a su municipio, insiste en denunciar que la incapacidad política de José Juan Lemes “llega hasta el punto de poner en juego los más de 2.000 puestos de trabajo que genera este Polígono, ya que la posibilidad de cierre de esa zona industrial por la clausura del emisario es latente, por el vertido de agentes altamente tóxicos, como reconoce la propia Apmun”.
Por ello, Hernández propone aplicar “tasas impositivas a las empresas contaminantes” y, además, con respecto a la sanción de la Apmun, que “Lemes y su grupo de Gobierno paguen un tercio de los 30.000 euros de multa”.
El Cabildo saca a licitación la primera fase de la depuradora comarcal
El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), saca a licitación la primera de las dos fases de las obras necesarias para ampliar la capacidad de la estación depuradora comarcal de aguas residuales del Valle de Güímar, ubicada en Arafo. Esta actuación, que supone una inversión de 12,7 millones de euros, persigue atender el tratamiento de las aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de Candelaria, Arafo y Güímar, en atención a su futuro crecimiento.
Carlos Alonso señala que estos trabajos de tratamiento primario permitirán acondicionar esta estación depuradora comarcal, atender debidamente la demanda y cumplir con las exigencias de la Unión Europea en materia de saneamiento y depuración. Este nuevo sistema “permitirá aumentar el nivel de recogida de las aguas residuales generadas, así como su tratamiento, permitiendo la reutilización, favoreciendo su empleo para el riego agrícola”, comentó.
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