“Los PMM de Las Américas y Los Cristianos son un disparate”

Los tres informes del Ayuntamiento de Arona, contrarios a los planes urbanísticos del Gobierno de Canarias, que obran en poder del DIARIO, denuncian deficiencias jurídicas, graves defectos técnicos y un escenario económico “que no se ajusta a la realidad”
En la zona de Las Verónicas, los nuevos planes urbanísticos podrían abrir la puerta a la construcción de una edificación de nueve plantas en primera línea de playa. Sergio Méndez

Los informes del Ayuntamiento de Arona en contra de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) para Los Cristianos y Playas de Las Américas, elaborados por la Viceconsejería de Política Territorial, advierten sobre un conjunto de deficiencias técnicas, jurídicas y económicas que impiden, a juicio del Consistorio, ejecutar las intenciones urbanísticas del Gobierno de Canarias en ambos núcleos turísticos. Fuentes municipales consultadas por este periódico califican el documento de “disparate”, ya que “incumple preceptos legales” y contiene “numerosos defectos de forma y carencias que ponen en duda su viabilidad económica”.

Para empezar, el informe señala que a la hora de tramitar los PMM, se establece “la obligatoriedad de remitir copia al Ayuntamiento, en cuyo término se localiza la urbanización o el núcleo turístico afectado (…) siendo este trámite consecuencia del deber de cooperación administrativa”. El equipo jurídico municipal recuerda que así lo establece el artículo 10 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales, aprobado por decreto legislativo, “al que se hallan sujetos los Planes de Modernización y Mejora, por la naturaleza de instrumento de planeamiento urbanístico”.

En las conclusiones del estudio técnico municipal se advierte de que el documento ha modificado la ordenación estructural, “sin justificación alguna”, para poder acometer la renovación urbana, “pero se contemplan determinaciones que afectan a la clasificación de suelo, adscripción a categorías, delimitación de áreas en zonas urbanas y coeficiente de edificabilidad máximo para las que se requiere acuerdo del Ayuntamiento”.

Por otra parte, se indica que “la capacidad alojativa no se justifica, ni se motiva cómo se han obtenido los dígitos de la tabla comparativa de capacidades”, además de destacar “la falta de datos para cuantificar incrementos de aprovechamiento, de edificabilidad y coeficientes de ponderación”. Asimismo, los técnicos del Ayuntamiento remarcan que no existe un estudio comparativo pormenorizado de los parámetros de referencia otorgados por el PMM y por el Plan General de Ordenación, de manera que quede claro el tipo de actuación que se pretende llevar a cabo y a través de qué mecanismos.

El apartado económico es, si cabe, aún más contundente. La evaluación de la interventora general del Ayuntamiento pone el acento, entre otras materias, en la “inconcreción de fuentes y errores” del informe económico emitido por la Viceconsejería de Política Territorial. “Tomando en consideración los datos de la liquidación presupuestaria y la falta de concreción de los gastos que supondrá la ejecución de los PMM, podría implicar, en un escenario de evolución negativa, que este Ayuntamiento incumpla los principios básicos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto”, avisa.

“Los ingresos previstos en concepto de cesión de aprovechamiento lucrativo y deber de cesión dotacional no pueden ser tomados por ciertos, por cuanto no se acredita en el expediente la fórmula de cálculo ni las magnitudes utilizadas al efecto, ni que los datos tomados en consideración provengan de una fuente objetiva”, prosigue el informe económico. Para el Ayuntamiento, los PMM contienen “determinaciones inciertas, contraviniendo los preceptos legales, pues ha de identificarse las partidas económicas de cada una de las administraciones implicadas”.
Otro de los argumentos se refiere al plazo de ejecución propuesto, “contrario a la normativa vigente en la materia”. Concretamente, refleja que el estudio contempla tres etapas de cuatro años cada una, mientras que el decreto 85/2015 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias establece que no podrá exceder de ocho años desde la entrada en vigor del plan”.

En una reciente entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, el alcalde de Arona, José Julián Mena, señaló que no se opone a unos planes “siempre y cuando que se cumpla con la ley, tenga una evaluación ambiental adecuada y traiga proyectos de calidad. No podemos aceptar unos PMM para legalizar disparates”.

Víctor Sánchez, presiente de la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas y Costa Adeje (Aepaca), entidad que aglutina a 300 empresarios, ha llegado a asegurar a este periódico que los PMM de Las Américas y Los Cristianos “son favores que tienen que pagarse, auténticos pelotazos a través de recalificaciones encubiertas”. Sostiene que, “si se concede mayor volumetría para que se puedan hacer más edificaciones, esos empresarios saldrán beneficiados”.

Un instrumento que Arona quiere que se aplique en Costa del Silencio

Los Planes de Modernización y Mejora Turística (PMM) fueron presentados por el Gobierno de Canarias durante la pasada legislatura como una herramienta urbanística para planificar la renovación hotelera y urbanística en las zonas turísticas más antiguas. Su gestión corre a cargo de la empresa pública Gesplan, adscrita a la Consejería de Política Territorial. En el caso de Arona, su ayuntamiento reclama este instrumento para Costa del Silencio, “un destino obsoleto que necesita una importante mejora y que el Gobierno de Canarias lo ha pasado por alto”, afirma su alcalde n

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