Un ‘okupa’ se niega a irse del local de una asociación de vecinos

La Jeriguilla, del barrio de San Antonio, en Puerto de la Cruz, vende rifas para pagar a un abogado que les ayude al desalojo ante la "pasividad" del Ayuntamiento pese a que el inmueble es de su propiedad
Juanjo Martín muestra el local municipal que está arrendado como bar pese a que según los informes no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias. DA

La Asociación de Vecinos La Jeriguilla, en el barrio portuense de San Antonio, lleva ocho años intentando que un vecino desaloje uno de sus locales que le fue cedido años atrás por la anterior Junta Directiva para explotarlo como bar y que se niega a devolver. Tampoco paga renta alguna, ni abona las facturas correspondientes de consumo habitual de agua y luz.

El inmueble en cuestión está ubicado en el número 24 del camino San Antonio, dividido en cuatro espacios claramente diferenciados. Se trata del situado en la planta cero, del lado derecho, con entrada independiente a la calle, que cuenta con un televisor y varias mesas donde años atrás jugaban al dominó y a las cartas algunos vecinos del barrio, afirma el presidente del grupo vecinal, Juan José Martín. Este último ha presentado varias denuncias contra el okupa, ya que además de negarse a dejar el local, no cumple con las medidas de seguridad e higiene, como consta en un informe de la Policía local, y ha ocasionado importantes inconvenientes.

“El señor vive prácticamente allí y hace comidas. La asociación se ha gastado 700 euros en arreglar la instalación de luz y casualmente el cuadro está en el que él ocupa y no nos deja pasar, así que llevamos cuatro meses sin luz. Por lo tanto, pasadas las seis de la tarde no podemos realizar ninguna actividad”, dice Juan José Martín. Y añade que para desconectar y arreglar la luz se negó y fue necesario llamar a la Policía municipal.

El primer informe presentado por Martín fue en la Concejalía de Comercio el 8 de mayo de 2013 en el que se deja constancia del mal uso que se le da al local y de varios incumplimientos como venta de bebidas alcohólicas y consumo de droga.

El segundo data del 21 de julio de 2014, y es de la Policía Local a petición de la exconcejal de Sanidad, Antonia Domínguez, “la única que ha movido papeles y ha hecho algo”, a juicio del representante vecinal. Allí se recoge el testimonio de algunos residentes del barrio que corroboran la situación.

El 15 de julio del año siguiente se solicitó autorización al área de Patrimonio para cambiar las cerraduras de los locales dado que son propiedad del Ayuntamiento, tal y como consta en los informes policiales. A día de hoy no les han contestado.

Por último, en marzo del año pasado se presentó una denuncia ante la Policía Local porque este vecino “empezó a increpar” a los asistentes a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el local de la asociación.

Ante la “pasividad” del Ayuntamiento que según Martín “se lava las manos diciendo que en su época la asociación ha había cedido ese local”, los vecinos han decidido vender rifas para pagar a un abogado que interponga una demanda “cuanto antes” y que se decrete el cierre preventivo hasta que un juez decida.
Por si fuera poco, esta persona “se hizo dueña de los dos baños”, pese a que la asociación consiguió la llave de uno de ellos, pone la televisión a todo volumen para dificultar las charlas que se organizan, da portazos, hace comidas y lanza los residuos al desagüe, generando un importante problema de ratas, cuenta Juan José Martín.

“La cesión ha sido inconsentida por parte del Ayuntamiento”
El concejal de Seguridad, Pedro González, asegura que el local de San Antonio “es un subarriendo que hizo en su día la asociación de vecinos absolutamente inconsentido por parte del Ayuntamiento y sin saber por qué”. En este sentido, quiere dejar claro que el supuesto okupa no entra ahí por el Ayuntamiento sino por el grupo vecinal San Antonio.

No obstante, asegura que el gobierno busca posibles soluciones. La más acertada a su juicio es desalojar a la asociación de vecinos, ya que el Ayuntamiento no puede romper una relación privada con un tercero, y recuperar la posesión municipal del local “sin perjuicio de que después la vuelva a ceder a La Jeriguilla”.

González se muestra contrario a que las asociaciones de vecinos se conviertan en bares o en lugares de juego “porque desvirtúa su propia filosofía y se convierte en un mal contra el que estamos luchando, que es el alcoholismo y la ludopatía. Deben estar para cosas muy distintas”, sostiene.

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