Tras una instrucción tan larga como compleja y con la sentencia dictada por la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife aún fresca, el segundo asalto procesal del llamado Caso Las Teresitas marca ya el paso de la actualidad sobre tan controvertido asunto, del que ahora entenderá el Tribunal Supremo. Como recordará el lector, la Audiencia absolvió (en decisión hecha pública a finales del mes pasado) en primera instancia a siete de los trece acusados que terminaron sentados en el banquillo, pero condenó a los otros seis con penas que, en algún caso, incluso, superan lo solicitado por el fiscal. Ahora, las partes implicadas se posicionan con vistas al Alto Tribunal y sobre los efectos de esa primera sentencia, si bien aún falta que el Ministerio Fiscal se pronuncie.
Recursos
Estaba cantado y así se anticipó el mismo día en que se publicó la sentencia. Al menos la representación legal de cuatro de los seis condenados (Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Ignació González y Antonio Plasencia) han cumplido en estos días el preceptivo trámite de anunciar sus respectivos recursos de casación ante el Supremo, tras el cual contarán con un mes para materializar los mismos. Dichos recursos solo pueden versar sobre una presunta infracción legal o similar quebrantamiento de forma.
Complemento
Dos de los acusados ya citados, concretamente los empresarios González y Plasencia, también han solicitado a la Audiencia provincial lo que se denomina un complemento de la sentencia ya dictada, iniciativa sobre la que aún no se ha pronunciado el tribunal. Hay que tener en cuenta que, además de las penas de prisión acordadas, el componente económico del fallo es de enorme relevancia, por cuanto supone la indemnización solidaria de los ahora condenados y tres empresas por un montante global que se acerca a los cien millones de euros sumando los intereses. Incluso, un juicio civil por este asunto se suspendió cuando estaba ya visto para la sentencia a la espera de que se agote la vía penal, cuyo desenlace, como resulta obvio, es determinante para dilucidar los intereses en juego en caso de confirmarse la comisión de algún tipo de acción delictiva.
Aclaración
Otro de los ahora condenados, concretamente el exgerente de la Gerencia de Urbanismo santacrucera José Tomás Martín, solicitó también en días pasados una aclaración de su sentencia a la Audiencia provincial tinerfeña, que ha respondido negativamente al entender que no procedía satisfacer tal ruego.
Provisional
Por su parte, la acusación particular ha pedido una ejecución provisional de la sentencia, lo que implicaría la entrada en prisión de los seis condenados, cuyas penas oscilan entre los siete años de reclusión dictados para Zerolo y Parejo y los cuatro años que le correspondieron a otro antiguo responsable de Urbanismo, el exinterventor de dicha Gerencia Víctor Manuel Reyes. Tal solicitud solo se realiza en casos excepcionales y solo podría justificarse si, por ejemplo, el tribunal considerase que hay riesgo de fuga por parte de los implicados. Especialistas consultados por este periódico entienden poco probable que la Audiencia acuerde una medida de estas características, sobre todo por la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en contra de este tipo de medidas cautelares si conllevan la privación de libertad. Sea como fuere, esta solicitud coincide con varios pronunciamientos que han tenido lugar estos dias por parte de fuerzas políticas distintas a Coalición Canaria, el partido por el que Zerolo era alcalde cuando tuvieron lugar los hechos ahora juzgados.
Costas
Siempre a la espera del relevante posicionamiento de la Fiscalía, el último apartado sobre las novedades procesales en el caso de Las Teresitas tiene como protagonistas a cuatro de los siete absueltos, que han solicitado a la Audiencia provincial que condene en costas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (se desconoce si también a la acción popular). Ello implicaría el abono de una suma que, si bien está muy lejos de los intereses económicos en juego, no deja de ser apreciable. En concreto, los promotores de tal iniciativa son el también exalcalde capitalino José Emilio García Gómez, el entonces portavoz del grupo municipal socialista Emilio Fresco y los hijos de los dos empresarios condenados, Carlos Plasencia y Pedro González.
Resta añadir que la acción popular personada en el acto en nombre de la asociación Justicia y Dignidad ha pedido a la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife que les devuelva los 20.000 euros depositados como fianza.
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