En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dictaba sentencia sobre el conocido como caso Mamotreto, en la que, no solo ratificaba las condenas a los acusados, sino que además ordenaba el derribo del edificio de aparcamientos a medio terminar de la playa, siempre que no hubiera un planeamiento que permitiera legalizarlo. Más de dos años después, y tras una tortuosa tramitación, este lunes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz tiene previsto aprobar la adjudicación del expediente de contratación de “las obras comprendidas en el proyecto de ejecución de demolición total del edificio de aparcamientos sin terminar en la cabecera de la Playa de Las Teresitas, a efectos de adjudicación”. Así se recoge en el orden del día de la Junta, reunión en la que también se abordará la reclamación de una de las empresas que participó en el concurso público y que llegó a ser adjudicataria del proyectos.
Esto supone que, tal y como publicó DIARIO DE AVISOS la semana pasada, se da por buena la propuesta de la mesa de contratación que, tras dos intentos anteriores, adjudicó la demolición a una tercera empresa, Joca Construcciones. Las dos empresas anteriores, aunque presentaron mejores ofertas en el cómputo total, no cumplieron con alguno de los requisitos necesarios para acceder a hacerse con este contrato. Una de ellas, Excavaciones Bahillo es, precisamente, la que ha recurrido esa decisión de la mesa de contratación.
En todo caso, la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local, si finalmente se cumplimenta este lunes, permitirá que, tal y como recogen los pliegos, se comience con los trámites para llevar a cabo el derribo de la estructura a medio terminar en la playa. Una demolición que no está exenta de polémica ante la aparente ilegalidad de una de las mejoras introducidas, el asfaltado tras el derribo. Según el propio Ayuntamiento, aunque no existen informes que señalen que esa mejora no cumple con la normativa vigente (es un suelo urbano no consolidado y no se podría asfaltar), será en el momento en el que se plantee el acta de replanteo cuando se verifique si es posible o no llevar a cabo esa mejora.
La duración del contrato inicial era de seis meses, pero la mayoría de empresas, incluida la empresa adjudicataria han ofertado hacerlo por debajo de ese tiempo, entre tres y cuatro meses. Solo la empresa que ha reclamado, se comprometía a hacerlo en un mes y medio. En cuanto al presupuesto, el coste inicial de la licitación era de 540.000 euros pero todas las empresas han ofertado por debajo de ese precio, precisamente lo que más se puntuaba en la convocatoria pública, el 50% del peso del concurso era hacerlo por debajo del presupuesto de licitación. La empresa que ha resultado adjudicataria ofertó hacerlo en tres meses y medio y por 423.000 euros.
La sentencia no solo obliga al Ayuntamiento a la demolición sino que establece que deben ser los condenados por este proceso los que deben cubrir el coste del derribo. En este caso, los 431.000 euros que ha ofertado la empresa que ha resultado adjudicataria.
El PSOE denuncia lo que, a su juicio, es un retraso “injustificado”
El PSOE de Santa Cruz de Tenerife exige responsabilidades al grupo de gobierno del Ayuntamiento capitalino por el retraso “injustificado” en la demolición del mamotreto. El portavoz socialista, José Ángel Martín, recuerda que hace más de dos años que la sentencia es firme, pero el consistorio no ha movido una piedra de este edificio ilegal. Para Martín, “es una clara irregularidad administrativa que se tarden más de dos años en ejecutar una sentencia firme”, añade. El líder de la oposición recuerda que tanto el alcalde Bermúdez como el edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, se caracterizaron por sus esfuerzos para incumplir la sentencia. El edil lamenta que se hayan puesto obstáculos y califica de “esperpéntica” el trámite para su demolición.
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