El grito en el suelo

Es la futura ley de la que más hablan los políticos en Canarias desde hace un año, pero sobre la que resulta difícil opinar al ciudadano, debido a la jerga urbanística que parece impedir ver el paisaje. La ahora llamada Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos se aprobará el miércoles día 22 con poco más de la mitad del Parlamento canario: 33 diputados de 60.
Quienes la apoyan (CC-PNC, PP y ASG) elogian con vehemencia que la ley facilitará las inversiones privadas, porque agilizará los hoy largos trámites administrativos: los ayuntamientos podrán aprobar de principio a fin sus planes urbanísticos ( y los cabildos, su planeamiento insular), sin esperar, como ahora, por el visto bueno de la demonizada Cotmac, un órgano que depende del Gobierno canario. Con una salvedad de última hora: un órgano autonómico evaluará el impacto ambiental en los municipios de menos de 100.000 habitantes, en aquella parte de los planes llamada “estructural”, es decir: clasificación del suelo, calles, infraestructuras públicas y equipamientos privados (centros comerciales, de oficinas…). Nadie por encima de los ayuntamientos -salvo la Justicia, si alguien denuncia- vigilará, sin embargo, la parte “pormenorizada”: es decir, alturas de los edificios,ancho de las calles, usos…

Los defensores de la ley también destacan sus ventajas para la agricultura y la ganadería, al permitir actividades económicas complementarias y al desaparecer la necesidad de que, para obras en suelo rústico, se pida no solo licencia municipal, sino también la del cabildo (la denominada calificación territorial). La primera bastará.

Quienes rechazan la ley, también con mucha vehemencia (NC, Podemos y, tras su expulsión en diciembre del Gobierno canario, el PSOE), denuncian que, con el vaciado de poder de la Cotmac, se abre la puerta a la especulación urbanística por falta de controles de legalidad y por los métodos exprés con los que se podrán autorizar proyectos públicos y privados no previstos en el planeamiento (los llamados instrumentos de ordenación extraordinarios: proyectos de interés insular o regional y ordenanzas insulares o municipales).
Tras 10 meses de tramitación, DIARIO DE AVISOS ha recabado la opinión de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Desde el PSOE -al que le afean que aprobara el proyecto de ley cuando cogobernaba con Clavijo-, Nayra Alemán explica que su grupo votará finalmente en contra por tres razones fundamentales: las ordenanzas provisionales (“una opción más para asaltarse el planeamiento”), los proyectos de interés (“no nos aceptan que la Cotmac emita informe preceptivo y vinculante”) y la pérdida de poder de control ambiental del Gobierno canario (“debe seguir en sus manos para los espacios naturales, y no en la de los cabildos”). Además, el PSOE no acepta derogar sin más la Ley de Directrices.

El portavoz adjunto de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, considera que esta ley “favorecerá la arbitrariedad, la desregulación y el desarrollismo, romperá el proyecto común de Canarias e instaurará el urbanismo en función de proyectos”. Campos reconoce muchas “mejoras” introducidas en el texto, como la legalización de centenares de explotaciones ganaderas, la “notable” limitación de las actividades no agrarias en suelo rústico, especialmente las turísticas, entre otras. Pero advierte de que NC votará en contra, entre otros motivos por la derogación de la Ley de Directrices, el “vaciado de contenido” de la Cotmac, porque se “debilita” el papel de los cabildos y las “numerosas puertas traseras” para “saltarse” el planeamiento.
Para Podemos, que prevé presentar un recurso contra esta ley en el Tribunal Constitucional cuando esté en vigor, la citada reforma legislativa abre “la puerta trasera a la especulación y el desarrollo urbanístico sin ningún tipo de control, por lo que será epicentro de la corrupción”, en palabras de la diputada regional Natividad Arnáiz. Concepción Monzón, también parlamentaria de Podemos, opina que dejar en manos de los ayuntamientos todo el poder es “un error que pagaremos caro”, así como permitir “tantos instrumentos de ordenación discrecionales”. “Para los partidos poco serios en los ayuntamientos, el planeamiento será un nicho de compra de votos, y cederán a las presiones de mucha gente”, añade Monzón. “De ley no nos gusta ni su nombre”, remacha .

Desde el otro bloque de partidos, el del sí a la ley, sus presagios son diametralmente opuestos a los de Podemos, NC y PSOE. Para José Miguel Ruano, portavoz de CC-PNC, esta ley logra “simplificar, racionalizar y actualizar” la normativa en esta materia “sin una vuelta atrás en las decisiones estructurales sobre el territorio y el medio que se han tomado hasta ahora”. “El territorio protegido seguirá protegido y esto no está reñido con la generación de rentas adicionales a la actividad de los profesionales del sector agrario que, en cualquier caso, están limitadas”, abunda Ruano. Para el diputado nacionalista esta ley aplica “el principio de contención: los planes insulares tiene que contener todo (y solo) lo que se refiere a la Isla, los planes generales a los municipios y la planificación de los espacios naturales a lo propio de los espacios naturales”. Y niega Ruano la mayor: “No se permiten puertas traseras, pues se han acotado los supuestos que pueden ser considerados de interés a casos excepcionales y, además, requerirán informe municipal previo si la iniciativa es privada, sin permitirse proyectos turísticos alojativos; y las ordenanzas provisionales solo serán posibles por extraordinaria y urgente necesidad por interés público o interés social y con un límite de dos años ”.
En cuanto al PP, es el partido que con más ahínco ha defendido la desaparición total de la Cotmac. “No nos ha gustado que un órgano autonómico mantenga competencias en evaluación ambiental, nos gustaba más la redacción original del proyecto de ley”, confiesa el diputado del PP Miguel Jorge Blanco, quien apunta que, con ese cambio, CC quería atraerse el voto favorable del PSOE, cosa que no se ha logrado. El PP no comparte los mensajes “apocalípticos” de los detractores de la venidera normativa, pues, además, se han regulado mejor los usos en suelo rústico. “Esta ley simplificará la aprobación de los planeamientos, que es el verdadero escollo para la inversión”, apostilla.

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, aporta los tres diputados que dan la mayoría absoluta. A su juicio, “se trata de una ley que da respuesta a las necesidades reales que demandan las islas no capitalinas, y es la mejor que podría tener Canarias, basada en los principios de conservación, sostenibilidad y de preservación de nuestra identidad que repercutirá en la creación de empleo y el desarrollo de las Islas”.

La última palabra -aunque ya es crónica de una aprobación anunciada- la tiene el Parlamento.

El PSOE ve rectificaciones “positivas”, pero insuficientes para avalar la ley

El PSOE ve positivos algunos cambios en el proyecto de ley, aunque insuficientes. La diputada socialistas Nayra Alemán destaca que, gracias a una enmienda de su grupo, solo se permitirá el uso turístico alojativo (casas o pequeños hoteles rurales) en construcciones ya existentes en un máximo de 250 metro cuadrados con independencia de la extensión de la finca (un máximo de 6 camas). El texto inicial permitía nuevas construcciones que podían ocupar hasta el 15% de una finca.

Otra mejora, para el PSOE, tiene que ver con los proyectos de interés insular o regional que pueden autorizarse pese a no preverlos el planeamiento. En la versión inicial del proyecto, se permitía que fuesen proyectos turísticos alojativos, pero se ha corregido y solo se permitirán los no alojativos (osea, no podrán ser hoteles o apartamentos) .
El PSOE aprecia también que haya desaparecido de la Ley del Suelo el principio de compensar por conservar suelo rústico. “Todos los grupos, salvo CC, solicitamos suprimir este artículo pues el cumplimiento de una obligación no podía ser compensada, porque es eso, una obligación”, asevera Alemán.

Concentración el miércoles ante la sede de la Cámara autonómica

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, que aglutina a colectivos y ciudadanos contrarios a la nueva Ley del Suelo, ha convocado para el próximos miércoles, a las 18.00 horas, una concentración ante el Parlamento de Canarias, justo en el momento en que los diputados estarán debatiendo y aprobando esta polémica reforma legal de manera definitiva. “Es una ley agresiva y desarrollista; ellos tienen el dinero y el poder, pero nosotros la razón; vamos a aguarles la fiesta; no nos pararán, ¡porque Canarias no es un solar!”, reza la arenga de la convocatoria.