El Polígono Industrial Valle de Güímar regresó de nuevo a un pleno municipal de Candelaria y, visto lo visto, volverá pronto, ahora por el turbio asunto de los vertidos de un emisario ilegal desde 2011 que ya se está tratando en el juzgado, donde ayer tuvieron que declarar casi todas las partes involucradas en la denuncia de Sí se puede e Izquierda Unida por presunto delito medioambiental.
Ante esta tesitura, el Ayuntamiento de Candelaria, como ya anteriormente hizo Güímar -no así Arafo, que dio el visto bueno al convenio del CIATF sin poner objeciones- aprobó ayer por mayoría -solo votó en contra José Fernando Gómez, de Vecinos por Candelaria- solicitar al Consejo Insular de Aguas la declaración del interés supramunicipal de la gestión del citado emisario submarino, tal y como se dispone el artículo 432 del Plan Hidrológico de Tenerife, al darse tres de las circunstancias que se requieren para su declaración, correspondiendo al Consejo Insular la gestión de la citada instalación, según resaltó en una amplia exposición de motivos el secretario municipal, Octavio Fernández. El secretario llegó a calificar el convenio propuesto desde el CIATF como “falso”, por lo que advirtió de la necesidad de poner en antecedentes a los grupos políticos y suprimir o añadir al convenio aquello que se ajustara a derecho. “El convenio -dijo- resulta jurídicamente inasumible, porque pretende el CIATF que se facilite la posibilidad de cambiar el convenio, lo que produce inseguridad jurídica para el Ayuntamiento, porque este convenio falsea la realidad”, insistió el secretario. Por ello, se solicita al Cabildo cambiar 8 párrafos de las 13 páginas del convenio, tal y como se recoge en la declaración aprobada ayer.
Recordó el secretario que en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife se indica que “en cualquiera de los municipios de la Demarcación, el servicio de depuración y el vertido, puede ser declarado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife como de interés supramunicipal cuando concurran una cualesquiera o varias de las circunstancias (…)”; entre ellas, en el caso del Polígono de Güímar se dan que el sistema territorial de infraestructura para el saneamiento contenga elementos comunes a más de un municipio; que el punto final del vertido al mar o a un cauce esté situado en el término municipal del servicio, y petición del Ayuntamiento, lo “que se ha solicitado en este Pleno”, según indicó el secretario.
Asimismo, el Plenio aprobó el borrador del convenio de encomienda de gestión remitido por el Consejo Insular de Aguas con una serie de modificaciones -en concreto, 8 párrafos de las 13 páginas del convenio-, tales como recoger que desde el 22 de mayo de 2011 está extinguida la autorización, o que los ayuntamientos de Candelaria y Güímar han encomendado al Ayuntamiento de Arafo para que ostente la representación de los tres municipios antedichos en el procedimiento administrativo de autorización desde tierra al mar, y de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre sobre el emisario submarino sito en el Polígono Industrial ante la Consejería de Política Territorial.
Durante el debate de la propuesta, Agustín Espinosa (Sí se pude) advirtió de que su grupo iba a votar en contra de la encomienda, pues “no se trata de arreglar el emisario, sino de depurar las aguas para no seguir vertiendo residuos orgánicos y materiales pesados al mar y a otras tres zonas denunciadas desde 2007”. Tras una serie de aclaraciones de la alcaldesa y el secretario, finalmente Sí se puede modificó su voto al introducirse en la declaración la exigencia al Cabildo de la instalación de una depuradora industrial (EDARI).
Por otro lado, se requiere al Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la aprobación del convenio de encomienda de gestión con las modificaciones propuestas, la tramitación urgente de la documentación técnica necesaria para solicitar la autorización de vertidos y el cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Insular con fecha, 3 de noviembre de 2016, donde se manifestaba que ese CIATF, se haría cargo de la tramitación de la autorización del emisario y su gestión.
Por último, se reitera al Consejo Insular de Aguas, en tanto se materializa el acuerdo de declaración de interés supramunicipal del emisario, el requerimiento formulado por el Ayuntamiento de Candelaria en distintos decretos, para que ejerza sus potestades administrativas para la suspensión y cesación de vertidos de aguas residuales sobre las empresas del Polígono que incumplan la normativa legal y reglamentaria.
José Fernando Gómez (VxC) justificó su voto en contra en base a que “el grupo de Gobierno local está empecinado en echarle la culpa a los empresarios, cuando ustedes cobran el alcantarillado y es a Candelaria a quien corresponde el mantenimiento”, advirtiendo además que Arafo ya aprobó el convenio sin modificaciones por lo que echó en falta “una declaración conjunta”.
El concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, reconoció que los tres ayuntamientos adelantarán 160.000 euros para las obras necesarias, que “luego retornará el responsable”.
La moción de CC le resta 12 competencias a la Junta de Gobierno
Carlos Sabina (CC) sacó adelante la moción, -aprobada por 11 a 8, para retirar las competencias a la Junta de Gobierno, delegadas en julio de 2015 cuando gobernaban CC-PSOE. Sabina lo justificó: “La mayoría está en la oposición”. Si bien varió la moción, al dejar 4 de 16 competencias en la Junta, sin admitir la que le pidieron los socialistas, sobre precios de actividades.
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