“La Asociación Mixta es la gran culpable de verter en el Polígono”

Sí se puede e Izquierda Unida amplían la denuncia, ya en diligencias previas, contra los tres ayuntamientos del Valle de Güímar, el anterior propietario y el Consejo Insular de Aguas
Lourdes Galindo, Agustín Espinosa y Francis Hernández presentaron ayer la denuncia ante Fiscalía. Fran Pallero

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) denunciaron ayer a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos ilegales del Polígono Industrial. Los concejales Agustín Espinosa (del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria), Francis Hernández (IUC, Arafo) y Lourdes Galindo (Sí se puede, Güímar) firmaron la denuncia conjunta en la que ponen en conocimiento de la Fiscalía que “desde hace décadas se están vertiendo aguas residuales sin depurar en el Polígono Industrial del Valle de Güímar”, según señaló Espinosa en un encuentro con los medios.

Espinosa señaló que la denuncia incluye también que en el Polígono Industrial de Güímar se carece de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) y que se ha incumplido de forma reiterada el programa de vigilancia y control fijado en su momento por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. “También hemos incidido ante la Fiscalía en que, además del emisario que se está intentando solucionar, existen tres puntos de vertidos ilegales de aguas no depuradas que no cuentan con autorización”.

El daño al medio ambiente y a la salud causado por estos vertidos se cifra en datos preocupantes, según los distintos análisis que se han hecho. Los indicadores de contaminación biológica, como la demanda biológica o química de oxígeno, se multiplican por 30 o por 8, los sólidos en suspensión, por 13; el fósforo, por 4; el cobre, por 9; el plomo, por 5, y el zinc, por 7. “Los parámetros son para asustarse y para tomar medidas de forma inmediata”, aseguró el concejal del Ayuntamiento de Candelaria.

En estos momentos, señalaron, su “mayor preocupación es el destino de los 2.000 puestos de trabajo” asociados a las empresas ubicadas en el polígono, que ahora ven amenazada su actividad si se procede al cierre, según señaló Francis Hernández, que aseguró que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente ni con la salud de las personas usuarias de nuestras costas”. La demanda, que se suma a la que ya ha abierto diligencias contra los tres ayuntamientos, se amplía ahora contra el Consejo Insular de Aguas, Cabildo de Tenerife, Apmun, Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar y, con ella, a la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono.

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