Los tres ayuntamientos del Valle de Güímar han aceptado -a falta del acuerdo plenario, que mañana ya se efectuará en Candelaria- firmar el convenio que les propuso hace unas semanas el Cabildo para que este se hiciera cargo del desautorizado emisario submarino del Polígono Industrial de la comarca, con las modificaciones pedidas desde Güímar y Candelaria, que recoge la realización de una estación depuradora (Edari) o una estación de tratamiento de residuos industriales (Etari), según se determine en el estudio que se añadió en el documento, para saber qué se vierte y cuánto se vierte.
Por lo pronto, los ayuntamientos tienen que realizar, según el auto judicial que concedió una prórroga de nueve meses para acabar con los vertidos ilegales en la zona, un censo de las empresas que estén vertiendo al mar. El Ayuntamiento de Candelaria ha sido el primero en emitir el decreto por el que se comienzan los trámites para realizar el censo municipal de vertidos, que englobará tanto los residuos industriales como los domésticos. Un decreto que se comenzó a notificar ayer mismo a las 28 empresas del Polígono Valle de Güímar con sede en el término municipal de Candelaria, que tendrán un plazo de cinco días para cumplimentar y entregar en el Ayuntamiento la encuesta de datos de saneamiento de industrias que se adjunta en el anexo del citado decreto.
Además, en él se solicita al Consejo Insular de Aguas que remita todas aquellas autorizaciones administrativas que, por razón de su competencia, haya otorgado a las empresas establecidas en el Polígono.
Por otra parte, se ha pedido a Aqualia, empresa concesionaria del servicio de saneamiento, un informe detallado del histórico de consumos del último año correspondiente a cada uno de los inmuebles del núcleo de Playa la Viuda. Además de solicitarle que elabore, conjuntamente con la Oficina Técnica Municipal, un informe, también en detalle, donde haga constar qué casas de Playa la Viuda están conectadas a la red de saneamiento municipal y cuáles, en su caso, carecen de tal conexión y vierten a un pozo negro.
Este censo municipal de vertidos, una vez elaborado, se remitirá al Consejo Insular de Aguas para que establezca el tratamiento que deba cumplir cada empresa, algo que también deben hacer Arafo y Güímar, aunque la alcaldesa de este último municipio, Luisa Castro, insiste en que en su suelo “solo hay empresas de logística y ninguna vierte residuos industriales”.
Desautorizado en 2011
Recuerda, además, Fernando Alduán, concejal responsable del Área de Urbanismo en Candelaria, que al convenio se incorporó el antecedente de la fecha del 22 de mayo de 2011, cuando se extinguió la autorización de vertidos por el emisario submarino que tenía la Asociación Mixta, dos años antes de que los ayuntamientos recepcionaran el Polígono.
A la espera de la Entidad Urbanística de Conservación, que sigue sin aprobarse cuatro años después de la recepción municipal del Polígono, Candelaria inició hace unas semanas un zafarrancho de limpieza, como viene haciendo Güímar desde 2014, con una especial incidencia en la poda de palmeras. Arafo continúa sin intervenir en su suelo, el más extenso y degradado.
Martínez: “Primero debemos actuar y, luego, el que contamine debe pagar”
Manuel Martínez, consejero de Aguas del Cabildo, manifestó ayer que “va a hacer un mes del auto judicial que nos obliga a poner coto a los vertidos en menos de nueve meses, y lo que urge ahora es tener que hacer todo lo que se tenga que hacer por vía de convenio”, al tiempo que añadió que “las dudas sobre si es una actuación supramunicipal o no ya se dilucidarán en otro expediente”, en repuesta a los servicios jurídicos municipales.
Martínez admite que, “si hace falta, el Consejo Insular de Aguas se hará cargo del emisario cuando sea comarcal, pero ahora hay que hacer un estudio para saber qué se vierte y quién, y aquí el que contamina debe pagar”. El consejero avisó de que algunas empresas deben tener su propia gestión de vertidos, porque “el plomo, por ejemplo, no se puede depurar en una Edari y debemos actuar en el origen, por lo que es imprescindible que las empresas gestionen sus residuos”, uno de los puntos consensuados del convenio.
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