Francis Hernández, concejal de Izquierda Unida en Arafo, es el único de los firmantes de la denuncia ante Fiscalía por los vertidos en Polígono Industrial que afirma que la mantendría aunque los tres ayuntamientos del Valle de Güímar cumplan con el auto judicial que les concedió nueve meses para poner freno a los mismos.
Hernández, en contra de lo que han manifestado sus compañeros de Sí se puede en Candelaria, señala: “Yo no quiero meter a nadie en la cárcel, pero no es baladí el atentado contra el medio ambiente y deben pagar por ello”. Además, mantiene en sus declaraciones que los tres ayuntamientos son culpables de no haber vigilado esos vertidos antes y después de hacerse cargo del Polígono, entendiendo que también tienen responsabilidad el Cabildo y la Asociación Mixta, aunque no solo ellos.
Sobre su voto contrario al convenio, explica que este “obliga a votar en contra de lo que he hecho en un juzgado, por eso no puedo votar a favor de un convenio que, según la secretaria de Arafo, no tiene valor”, dijo quien sí había votado a favor del primer convenio que descartaron Güímar y Candelaria, por unanimidad.
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