
La gestión política sobre el problema ocasionado por la floración masiva de cianobacterias, tenga o no relación directa con los vertidos de aguas residuales al mar, va a marcar la vuelta de las vacaciones en el Parlamento autonómico, en septiembre.
Tanto el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, como sus consejeros de Sanidad y Sostenibilidad, José Manuel Baltar y Nieves Lady Barreto, respectivamente, van a recibir una andanada de críticas desde la oposición, en la que cuatro grupos (PSOE, PP, Podemos y NC) ya les han forzado a comparecer el día 6 en sendas comisiones en el Parlamento.
Y ya hay partidos que están empezando a pedir dimisiones. Lo había hecho Podemos desde la pasada semana y lo planteó también ayer, desde el PSOE, el diputado tinerfeño Gustavo Matos. A su juicio, el fenómeno de las microalgas (cianobacterias, para los científicos), ya es “un desastre” político y ambiental. Por ello, el parlamentario lagunero sostuvo, en declaraciones a este diario, que “alguien debe asumir responsabilidades políticas por la desastrosa gestión de la crisis de las cianobacterias”. De ahí que lanzara al aire una pregunta, con intención no solo retórica : “¿Nadie va a dimitir?”
Matos se suma así a la petición de dimisiones que ya la semana pasada había defendido Podemos. El partido morado ha puesto nombres concretos: ha pedido que dimitan la consejera regional de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady, y el consejero de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño, José Antonio Valbuena, tanto por las cianobacterias como por la situación de los vertidos de aguas fecales sin depurar.

Los cuatro grupos de la oposición (solo la ASG liderada por Casimiro Curbelo se ha desmarcado) achacan la “preocupación ciudadana” por las microalgas en las playas a la “falta de información de las autoridades autonómicas sobre el origen de dicho fenómeno y ante la nula capacidad de iniciativa que han demostrado”. Aluden a la “controversia científica sobre el origen” de esta plaga de microorganismos, a la que ha acompañado la “controversia política entre las administraciones del Gobierno de Canarias y el Gobierno de España”. A eso se suma, la “falta de informes sobre la proliferación masiva de las microalgas y sobre los vertidos desde tierra al mar”. En Canarias 378 puntos de vertido al mar carecen de autorización según el censo que publicó el Gobierno regional en 2008.