“Irresponsabilidad e inhibición” de las administraciones y “absoluta inexistencia de control” en los vertidos al mar son algunas de las acusaciones vertidas contra el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra (ADNT), la plataforma ciudadana que, bajo el lema Por un mar limpio, convocó la manifestación celebrada el pasado día 9 y que logró reunir a cerca de 5.000 personas en las calles de la capital tinerfeña. Ayer, esta plataforma vecinal anunció que, en breve, presentará sendas querellas contra las citadas administraciones como presuntos autores de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (Capítulo tercero del Título XVI del Código Penal) y por estafa continuada.
A los conocidos portavoces de la ADNT Yashira de Ara y Carlos Guilarte se sumó ayer la letrada Soledad Arozena, en una convocatoria que tuvo lugar frente al Consistorio capitalino. Bajo una pancarta que abogaba por un mar limpio, De Ara recordaba la protesta del día 9 como “un éxito en términos de movilización y repercusión social”, a la par que insistía en las exigencias contenidas en el manifiesto leído a la conclusión de aquella manifestación. “Entonces exigimos -explicó De Ara- y lo volvemos a hacer hoy, responsabilidades por la contaminación, pero también soluciones, para que no solo se depuren completamente las aguas que hoy día se vierten sin control al mar o a los pozos negros, sino que además se haga de forma racional y ecológica, reduciendo de paso los costes de construcción y mantenimiento”.
Por su parte, la jurista Arozena llevó la voz cantante sobre las iniciativas legales de la ADNT. “El pasado día 18 solicitamos formalmente a la Viceconsejería regional de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife determinada información para confirmar ciertos datos porque queremos conocer a fondo todo lo que está pasando (…) y comprobar cómo se está haciendo la vista gorda con respecto a las aguas fecales que se están vertiendo al mar”.
Para Arozena, “estamos ante una situación inaceptable e ilegal que viene causada por un hecho fundamental: la irresponsabilidad e inhibición por parte de ambas instituciones públicas, así como la absoluta inexistencia de control e inspecciones para la toma de datos que confirme el debido funcionamiento de las depuradoras”.
“Ambas instituciones -sigue la jurista- no han tenido siquiera en cuenta el más que predecible deterioro por el transcurso del tiempo de los emisarios y depuradoras, ni el hecho de que haya aumentado el volumen de aguas negras a depurar, ni el que la tecnología existente haya quedado obsoleta para realizar su función de forma efectiva”.
Por último, Carlos Guilarte llamó a la concienciación vecinal para “denunciar masivamente a las instituciones y empresas que llevan décadas haciendo la vista gorda ante la deficiencias básicas en infraestructuras prioritarias, estafando a los consumidores con tasas imaginarias y poniendo en grave riesgo la salud de la población con desinformación y ocultación de datos”.
Resta añadir que la ADNT celebrará a las seis de la tarde del próximo jueves 26 otra asamblea en la santacrucera plaza de La Candelaria.
Tipos penales que se ajustan a la catastrófica gestión de los vertidos
Cuando la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra hablan de delitos, apuntan sin dudar hacia el capítulo reservado en el Código Penal para las acciones punibles contra los recursos naturales y el medio ambiente. En concreto, los tipos descritos en los artículos 325 y 326, base de este capítulo tercero del Título XVI, parecen hechos a la medida de los 54 millones de litros de agua sin tratar que se vierten en Tenerife al mar. Un ejemplo de ello es que no hace falta un dolo (voluntad de cometer el delito) específico, sino que basta con el reiterado incumplimiento de la normativa vigente.
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