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Arafo deberá poner el millón del Polígono en varios presupuestos

Tensión en el Pleno tras conocerse que el dinero ingresado por el Ayuntamiento en 2010 se desvió al Plan de Ajuste; la moción de IU sobre vertidos ilegales no se admitió a debate
Francis Hernández (IU), a la derecha, volvió a ser el protagonista del pleno arafero. Norchi

En el transcurso de un pleno tenso, no exento de descalificaciones, Arafo aprobó ayer la explotación del Patrimonio Público del Suelo de 2016, un asunto que no hubiera tenido trascendencia de no ser porque en él se conoció el destino de los 950.000 euros que el Ayuntamiento recibió en 2010 por la futura recepción del Polígono Industrial Valle de Güímar.

El concejal de Izquierda Unida, Francis Hernández, que llevaba tiempo preguntando “dónde estaba el dinero” o en “qué se lo han gastado”, fue el más crítico de todos, sin convencerle siquiera las explicaciones de la secretaria o del interventor, que vinieron a reconocer que ese dinero era finalista, aunque se destinó a pagar deuda financiera antes de que llegara ese plan (2012), según confirmó el alcalde, José Juan Lemes, que dejó claro que “ese dinero lo destino el anterior alcalde a aquello que le dijo la anterior interventora”, puntualizando que no culpaba a Domingo Calzadilla por hacer caso a los técnicos. En todo caso, el Ayuntamiento de Arafo se ve obligado ahora, a raíz del informe del nuevo interventor, a tener que destinar en torno a 1.300.000 euros -también se suma el dinero obtenido por la licencia del colegio Luther King y de otros inmuebles en suelo rústico- a inversión en los próximos presupuestos, siempre en el capítulo 6 de recursos propios, recordó la secretaria.

El punto fue aprobado por el grupo de gobierno y CC, mientras el resto de oposición se opuso. Esta misma votación se produjo sobre la urgencia presentada por Francis Hernández para debatir la moción para crear una comisión en el Cabildo y el Gobierno de Canarias con el fin de depurar responsabilidades por los vertidos en el Polígono, por lo que no pudo debatirse, como sí se hizo en Candelaria (favorable) y Güímar (denegada).

iglesia y fascismo

Donde sí hubo unanimidad fue en la aprobación del reglamento de participación ciudadana, aunque una observación de Francis Hernández (IU), tras dar la enhorabuena por el documento consensuado, levantó los ánimos del plenario. Hernández le reprochó a la edil de Participación Ciudadana, Elsa Marrero, que no acudiera a dos reuniones en donde si estuvo él por “ir a la iglesia”, saliendo Juan Ramón Martín (AiA) en su defensa, calificando al edil de IU de “fascista” y añadiendo: “Y después de la crítica qué viene, ¿un tiro en la cabeza?”. Hernández le amenazó con una denuncia ante la Policía Local que no hizo efectiva.

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