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Diez años del Plan Bolonia en España: mejora rendimiento, pero no internacionalización

Los grados sustituyeron a las licenciaturas y diplomaturas y se impulsaron los másteres y doctorados
Aula universitaria. / Fran Pallero

Este domingo se cumplen diez años de la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Plan Bolonia, que para el sistema universitario ha supuesto una mejora del rendimiento del alumnado, una mayor adaptación de la oferta educativa a la demanda del mercado laboral y del alumnado y un cambio en la metodología docente. Sin embargo, no ha alcanzado uno de sus principales objetivos: La internacionalización.

El 29 de octubre de 2007, el Gobierno español aprobó un real decreto para dotar a la Universidad del marco normativo sobre el que se asentara el Proceso de Bolonia, un acuerdo impulsado por las universidades europeas en 1999 con el objetivo de modernizar el sistema de educación superior y lograr mayor autonomía a la hora de diseñar una oferta de titulaciones, homologable a la del resto de instituciones europeas para facilitar el intercambio de estudiantes. Los grados sustituyeron a las licenciaturas y diplomaturas y se impulsaron los másteres y doctorados.

“El balance es razonablemente positivo, lo que no implica dejar de reconocer que se puede y se debe mejorar aún más en este camino”, ha subrayado el nuevo presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, las universidades españolas han hecho un gran esfuerzo “pese a haber sufrido entre 2010 y 2015 unos recortes cercanos a los 1.000 millones de euros en la financiación ordinaria anual y una pérdida de recursos humanos de más de 10.000 personas, entre profesorado y personal de administración y servicios”.

Asimismo, admite que “hay que ajustar la oferta curricular más y mejor a las necesidades de la sociedad, de las empresas y de otras instituciones públicas y privadas, si la Universidad quiere continuar con ese necesario proceso de adaptación”.

Para Fernández se ha logrado en esta última década, gracias a Bolonia, un “claro ajuste de la oferta con la demanda de estudios”, reduciéndose aquellas titulaciones con pocos alumnos, y un aumento de su empeño académico “en todas las ramas de conocimiento” respecto al sistema anterior.

En el curso 2008-2009, el primero con la nueva ordenación académica, se ofertaron las primeras titulaciones adaptadas al Espacio Europeo -163– junto a las licenciaturas y diplomaturas ya existentes, y la tasa de rendimiento -porcentaje de créditos aprobados del total de matriculados fue del 63,8% en pública.

Siete cursos después, en 2015-2016, este rendimiento se elevó hasta el 78,5%, 23 puntos porcentuales más, según el último informe de CRUE ‘La Universidad Española en Cifras’, dirigido por el profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros.

Este experto explica a Europa Press que entre las causas de este dato existe un mayor grado de adecuación de la oferta de las universidades a las demandas de los alumnos, de manera que, en términos generales, “la mayoría estudia lo que elige” y, por tanto, “el rendimiento es mejor, hay menos abandono y acaban sus estudios en menos tiempo”.

Ligado con esto último, recuerda que las universidades, aprovechando el tirón de Bolonia, han establecido normas de permanencia y progreso en sus campus, que se concretan, por ejemplo, en el número de créditos que el alumno debe aprobar para permanecer en la carrera elegida, lo que provoca que el estudiante se “autoseleccione”. Para este experto también ha influido el cambio en la metodología docente en el sistema universitario español, donde hay “más participación del alumnado”.

El presidente de los rectores destaca también como un logro, en relación con el tejido productivo, el “importante aumento del número de prácticas que desarrollan los estudiantes en empresas y otras instituciones” o la movilidad y el intercambio de alumnos mediante el Programa Erasmus: “España es hoy el primer país que más alumnos recibe y envía”, apostilla.

Sin embargo, esta movilidad no se extiende mucho más allá del mencionado programa, pues el alumnado extranjero matriculado en la Universidad española no llega al 3% y la oferta de enseñanzas en idiomas extranjeros sólo representa el 6%, según las estadísticas oficiales. Además, los procesos administrativos para atraer a alumnos de otros países no son flexibles.

POCOS INCENTIVOS PARA LOS ALUMNOS EXTRANJEROS

Para Hernández Armenteros, la apertura en España se inició de forma tardía en 2004, ya que, hasta ese momento, las universidades “tenían garantizada la demanda y no pensaban en alumnos extranjeros”. A su juicio, la internacionalización es cuestión de tiempo: “Es una preocupación que se da a nivel institucional, pero no en los alumnos y profesores. Faltan incentivos y medios”.

En este punto coincide la representante de Universidades de la Federación de Enseñanza de CC.OO y exvicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, Encina González, que añade a esta falta de incentivos, los precios elevados de los grados y una excesiva burocratización en comparación con otros sistemas universitarios europeos. “Hay que dar más facilidades si se quiere atraer a alumnos extranjeros”, asevera.

González considera que la convergencia de la Universidad española con Europa no se ha logrado tras una década y lo atribuye a los recortes y a la eliminación de la tasa de reposición del profesorado jubilado durante la crisis, así como “la pérdida de un 20% del salario de media” o el endurecimiento de los criterios de acreditación docente. “En este tiempo, se han truncado las expectativas de los profesores universitarios”, añade.

Para la presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes Universitarios (CREUP), Carmen Romero, los recortes son incompatibles con una reforma universitaria de este calado con la que se pretende un cambio “profundo” de la metodología docente. Además de tachar el sistema de “elitista” por los precios de las matrículas, critica que sea “prensencialista”, por las prácticas obligatorias, con consecuencias “nefastas para los alumnos que tienen que trabajar a la vez que estudian”.

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