Se marcha con la “pena” de no ver en marcha los proyectos que dice serán importantes para la ciudad después de haber puesto en orden una Gerencia de Urbanismo que compara con un coche sin gasolina y sin batería que él ha conseguido al menos arrancar. También lo hace denunciando todo lo que a su juicio se ha hecho mal y que se sigue haciendo mal en esta pequeña esfera de la política municipal. Carlos Garcinuño abandonó definitivamente el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado jueves, tras la entrega de su acta de concejal, y lo hizo acusando directamente al alcalde, José Manuel Bermúdez, de hacer todo lo que hace con el único fin de mantenerse en el cargo y seguir cobrando su sueldo. También se marcha sorprendido de la entrega de su partido, el PP, a las demandas de CC.
Las denuncias de Garcinuño van más allá cuando asegura que “la contratación del derribo del mamotreto ha tenido muchas irregularidades”. Recuerda que, tras la inclusión de un asfaltado en el contrato, que resulta ilegal, “lo último que sabemos es que el director de obra ahora le pide al redactor del proyecto que le aclare ciertas mediciones y partidas del proyecto, porque parece que no están bien, y, efectivamente, las noticias que yo tengo es que eso se conocía y que se tendría que haber hecho un modificado del proyecto antes de empezar y se está haciendo ahora”. Según el exconcejal del PP, eso se traduce en que “nadie sabe cuánto va a costar realmente el proyecto”.
Garcinuño entiende que los condenados por el caso Mamotreto acudirán al juzgado con esta información para pedir la paralización cautelar de la obra. ¿Para qué? “Para al menos intentar salvar algo del recinto, como los cimientos, que son la mitad de la construcción y cuyo coste puede alcanzar los dos millones”.
Cuando se le pregunta si volvería a hacer la misma defensa que ha hecho del edificio, la respuesta no solo es que “sí”, sino que además lo haría con mucha más contundencia. “Tardé mucho en darme cuenta de que no había ningún tipo de interés por parte del alcalde de salvar el edificio”. Cree que Bermúdez no ha sabido o no ha querido defender el patrimonio municipal: “Es muy fácil parapetarse en la justicia, pero es difícil actuar en la legítima defensa de los ciudadanos de Santa Cruz a los que se debe. Era un deber haberse personado desde un primer momento”.
Recuerda el arquitecto de profesión que “aquí no se ha demolido la biblioteca de Las Palmas, ni el centro comercial El Trompo, ni el mariposario. Aquí lo único que se está demoliendo es un edificio público, en suelo público, construido para uso público y con dinero público, en un suelo urbano no consolidado y además ocupando una servidumbre de protección que es un uso reglado y permitido”.
Cuando se le recuerda que la sentencia obvió todo eso y que además la jueza no admitió que existiera planeamiento para su legalización, insiste en que la cuestión es que no se hizo todo lo posible a su debido tiempo. “El alcalde se plegó a José Ángel Martín y dejó que hiciera lo que le dio la gana. El edificio se está demoliendo por un interés personal y político del alcalde de mantenerse en su puesto”.
Aunque admite que no sabe si la personación desde el primer momento, o la realización de informes de legalidad por parte de la Gerencia, hubiera salvado el edificio, insiste en que “era la obligación del Ayuntamiento”. “El Consistorio se persona a todo, hasta por un céntimo de una nómina de un funcionario, pero este es el único asunto en el que no lo ha hecho”. La indignación de Garcinuño con este asunto va en aumento cuando asegura que el Plan Especial de Las Teresitas está listo para ser aprobado en un mes. “Es una vergüenza que se derribe una cosa sabiendo que dentro de 15 días o un mes podría estar aprobado el Plan Especial”.
El Toscal
Antes de que la defensa del mamotreto se llevara por delante al ya exconcejal, tuvo varios enfrentamientos previos con el alcalde por dos temas que, asegura, son los únicos en los que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha cambiado de rumbo respecto al que él marcó: el Plan Especial de El Toscal y el Templo Masónico. Del primero dice que el secretario del Pleno ha dado un “golpe de Estado” al acudir al Consejo Rector a imponer su informe por encima del de la Gerencia y con el beneplácito de la concejal de Urbanismo. Del segundo, que el proceso fue “torpedeado” porque había “interés” del Ayuntamiento para que ganara un arquitecto concreto.
En cuanto a El Toscal, “el informe de la Gerencia deja claro que existe una posible prevaricación en la aprobación que se hizo hace dos años”. “No hubiera permitido que se celebrase ese Consejo. Que el secretario del Pleno venga a un Consejo Rector casi a dar un golpe de Estado es algo que no tiene precedentes”, añade. Asegura que el riesgo de haber tomado esta decisión es que los vecinos puedan denunciar, que el juzgado lo admita y lo declare nulo.
Con respecto al Templo Masónico, para Garcinuño, la anulación del concurso para redactar el proyecto de rehabilitación es la constatación de que los que supuestamente querían que ganara un arquitecto concreto se han salido con la suya. “Lo que ha pasado con el Templo es puro interés de unos pocos, interés al que no me plegué. El concurso se hizo con toda honestidad y transparencia y me consta que la mesa no se ha sometido a ninguna presión, pero sí que ha habido interés para que el concurso lo ganara un arquitecto determinado”. Entiende la gravedad de la acusación, pero insiste en que le consta que desde el Ayuntamiento existía ese supuesto interés. “Es cierto que a mí nadie me ha presionado -continúa-, aunque si hay alguien del comité de expertos que haya sido presionado deben ser ellos los que lo digan”.
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