Nadie duda de que es un negocio en auge en el sur de Tenerife. De hecho, ocupa el tercer lugar en las preferencias de ocio de los turistas que eligen la Isla para sus vacaciones. Sólo las visitas al Teide y al Loro Parque superan, en el ranking de excursiones con mayor demanda, al avistamiento de cetáceos, hoy convertido en una de las grandes fuentes de ingresos dentro de la oferta turística complementaria.
Pero la gallina de los huevos de oro está en peligro. La Asociación de Empresarios de Avistamiento para la Conservación de los Cetáceos del Sur de Tenerife (Acest), constituida hace seis meses, denuncia la proliferación de embarcaciones piratas que se dedican a llevar y traer turistas sin los permisos obligatorios para ello, que son básicamente dos: la bandera acreditativa del Blue boat que concede la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y que los barcos deben lucir en un lugar visible, y la licencia del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que permite el acercamiento, a una distancia regulada, a la fauna marina.
Antonio Sampedro Garrido, biólogo marino que forma parte de la asociación, alerta sobre la “presión intolerable” que soportan los calderones tropicales por el elevado número de barcos, legales e ilegales, dedicados a esta actividad. “Se ha demostrado científicamente que la población de esta especie en el Sur está sometida a un gran estrés clínico que puede tener consecuencias muy graves. Se aprecia en los elevados índices de cortisol (la conocida como hormona del estrés) detectados tanto en la sangre como en la grasa de los animales”. Además, en la zona habitan delfines mulares, tortugas verdes, consideradas de “interés prioritario”, y otras especies en paso migratorio.
Sampedro asegura que de los “50 o 60 barcos” dedicados en el Sur al avistamiento de cetáceos “más de la mitad” son ilegales. Se basa en un censo reciente que ha realizado la asociación, aunque aclara que es difícil precisar más, “ya que hay embarcaciones particulares que, sin estar autorizadas a ir de excursión ni a aproximarse a los animales, salen eventualmente con turistas”.
Lo más grave para este biólogo es que el marco legal vigente, que califica de “altamente restrictivo”, no establezca un tope de licencias. “El gran problema es que no existe ningún límite. Hoy por hoy, si se quisieran poner 500 barcos o cualquier barbaridad superior no existe un impedimento legal ni administrativo para dejar de dar licencias, lo cual es gravísimo”. La demanda de fijar un cupo, que los miembros de la Asociación de Empresarios de Avistamiento para la Conservación de los Cetáceos del Sur de Tenerife reclaman con urgencia, ya ha sido planteada a través de los mecanismos de participación que ofrece la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca, franja marina protegida de 70.000 hectáreas que abarca todo el litoral occidental de la Isla.
“Es vital establecer la capacidad de carga, porque está en juego no sólo el recurso que da de comer a muchas familias sino un patrimonio natural que debe perdurar para las generaciones futuras y que ahora mismo está en serio peligro”, apostilla Sampedro.
El abogado Alejandro Quintana, de ADL Abogados, explica que el Código Penal castiga atentar tanto contra las especies como contra el hábitat, “porque, al ser animales altamente migratorios, si destruyes el lugar que habitan, acaban yéndose a otros sitios. Y eso es lo que se está haciendo actualmente, es una situación alarmante”.
El letrado también recuerda que la normativa autonómica vigente establece unas distancias de acercamiento máximas que no se están cumpliendo, que van en función del número de embarcaciones próximas a las colonias. Así, está prohibido navegar en un radio inferior a 10 metros de un cetáceo o un grupo cuando estén presentes dos embarcaciones. Esa distancia se aleja hasta los 500 metros cuando el número de barcos asciende a tres.
El régimen sancionador del Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades de observación de cetáceos, establece en su artículo 13, la prohibición de “dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los cetáceos”, considerando cualquiera de estos supuestos como una infracción administrativa.
Quintana lamenta la “sensación de impunidad” actual y recalca que “la normativa dice que todas las administraciones competentes deben colaborar en la supervisión de su cumplimiento, desde la Marina, la Guardia Civil y los servicios de inspección de Turismo y Medio Ambiente, al Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos”. Asegura que, después de reunirse con todos, el panorama es desalentador, al constatar que falta personal para hacer cumplir la ley y no existir un protocolo de actuación. “Queremos que se articule una respuesta unificada y que se apliquen las resoluciones sancionadoras, porque no hablamos de hechos aislados sino de al menos un 50% de barcos ilegales que están ejerciendo competencia desleal y que no tributan por los beneficios obtenidos”. En ese sentido, anunció la presentación de un escrito de petición al Servicio de Capitanía Marítima de la Guardia Civil, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para solicitar cuántas denuncias se han presentado y cuántas resoluciones sancionadoras se han dictado. Una medida que el biólogo Antonio Sampedro avala después de que hasta ahora no se haya producido ninguna respuesta desde la Administración, “a pesar de las numerosas denuncias”.
Piden un mayor compromiso institucional con el medio marino
La Acest cree que las administraciones autonómica, insular y local tendrían que hacer un mayor esfuerzo pedagógico a la hora de dar a conocer los valores naturales marinos entre la población local. “Están fallando, porque todos tenemos muy claro que hay hoteles y mojitos, pero no tenemos ni idea de que hay calderones tropicales de aleta corta, que solamente residen en otras tres zonas del planeta”, afirma el biólogo marino Antonio Sampedro.
La Acest ya denunció las carreras acuáticas frente a Puerto Colón
Los empresarios asociados para defender los avistamientos y la conservación de los cetáceos denunciaron esta semana ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la celebración de carreras acuáticas en la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca, en la que habitan la tortuga verde y el delfín mular, además de los calderones tropicales, especies consideradas de “interés prioritario”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso DIARIO DE AVISOS, se especifica que los días 28 y 29 de octubre tuvo lugar frente a Puerto Colón el VI Open Internacional de Tenerife, que incluyó carreras de esquí acuático, motos de agua y otras embarcaciones de alta velocidad en un espacio protegido que es zona de reposo y alimentación de la tortuga verde, incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
“Se trata de animales poiquilotermos que al ser reptiles necesitan respirar y termoregularse en superficie, y es ahí cuando son más vulnerables porque están más aletargadas y con el índice metabólico más bajo”, explicó el biólogo marino Antonio Sampedro Garrido. La asociación reclama la intervención del Ministerio de Medio Ambiente al entender que estas competiciones deportivas suponen una infracción tipificada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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