caso grúas - La LAguna

Una nueva denuncia en los juzgados amenaza con multiplicar por 24 el caso Grúas

Una macrodenuncia de XTF-NC, presentada ayer, amenaza con ampliar el de por sí notable expediente judicial de Fernando Clavijo, a cuenta de la presunta adjudicación a dedo de hasta 24 contratos de La Laguna, que fueron prorrogados por él y otros responsables municipales contra el criterio de legalidad del interventor

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el alcalde de La laguna, José Alberto Díaz. DA

Es el caso Grúas, pero multiplicado por 24. La denuncia presentada en la mañana de ayer ante el juzgado de guardia de La Laguna por el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, amenaza con ampliar el ya de por sí notable expediente judicial que presenta el que fuera alcalde de la Ciudad de Los Adelantados y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), a pesar de su juventud. Primero fue el caso Corredor, ahora anda inmerso en el caso Grúas y llega esta denuncia sobre el que llamaremos caso Reparos, que no es más que una ampliación monumental de las presuntas ilegalidades detectadas en el de las grúas.

Los tres asuntos tienen en común la etapa de Clavijo en el, a pesar de sus vecinos, demasiadas veces polémico Ayuntameinto de La Laguna, primero como concejal de Seguridad y luego como alcalde, antes de convertirse en presidente.

Pero ahí acaban las coincidencias, porque el caso Corredor se diferencia de los otros dos en que se basaba en testimonios y grabaciones policiales finalmente anuladas tras la recusación del juez que tramitó inicialmente las diligencias, y que fue repuesto en su cargo después de que su sustituta exonerase al hoy presidente regional.

Sin embargo, tanto el caso Grúas como el de los Reparos encuentran su razón de ser en pruebas documentales. Sobre todo, en el levantamiento de reparos de legalidad interpuestos por el interventor municipal, Gerardo Armas Davara

Una de las decisiones sobre las que la Audiencia provincial tinerfeña detectó indicios delictivos en el caso de las grúas es la prórroga de la concesión del servicio, práctica que a su vez constituye el meollo de la macrodenuncia presentada ayer por Santiago Pérez. Porque en el relato del portavoz de XTF-NC se recogen, además del de las grúas, otros 23 casos en los que se prorrogó con carácter retroactivo el contrato en cuestión o, simplemente, se autorizó la continuidad del mismo cuando el vínculo entre Ayuntamiento y empresa se había extinguido. Como quiera que los 24 casos tuvieron lugar en 23 meses, resulta imposible justificarse en lo excepcional, cuando, evidentemente, fue una práctica habitual.
Ahora será la Justicia, como no podía ser de otra manera, la que decida sobre la denuncia de Santiago Pérez, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. Merece la pena señalar sobre la misma varias cuestiones de interés.

Por una parte, se trata de una denuncia y no de una querella, y además es innominal. Es decir, que el concejal se limita, como es obligatorio para cualquier ciudadano y más si se trata de un cargo público, a denunciar en el juzgado lo que considera la comisión de un delito. En este caso, 24 presuntos delitos de prevaricación, salvo que se aprecien posteriormente otros tipos penales en los hechos relatados. Es innominal porque Santiago Pérez no señala a los presuntos responsables, más allá de recordar que es el alcalde quien levanta los reparos. Exactamente, hasta 53 reparos en 48 decretos que corresponden a los referidos 24 casos. Como los 23 meses son los transcurridos desde marzo de 2015 a febrero de 2017, es obvio que, junto a Clavijo, el otro político involucrado de lleno es su sustituto al frente de la Corporación lagunera: José Alberto Díaz, también de CC.

Otros detalles significativos de la denuncia es su tamaño. Está compuesta de un relato de 75 folios, acompañados de 54 documentos. Al final de la misma, Santiago Pérez solicita la práctica de varias pruebas: que la Secretaría del Ayuntamiento remita todos los expedientes relacionados con estos hechos y, si no existen, que de fe de ello. También se solicita el procedimiento tramitado para la adjudicación a la empresa Grúas Tacoronte del contrato para la gestión del servicio, y si la cesión a otra empresa del mismo propietario por un euro fue sometida a la fiscalización del interventor.

Por último, pide el concejal lagunero que el interventor municipal declare como testigo y, lógicamente, que también lo hagan, pero en calidad de investigados, las personas que hayan levantado los reparos desde la Alcaldía o desde la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes.