Ver a una persona que deja su coche en un aparcamiento para personas con movilidad reducida y baja del vehículo por su propio pie se ha vuelto, por desgracia, una imagen bastante habitual. Controlar el uso fraudulento de estas tarjetas es una difícil tarea a la que está abocada la Policía Local de Icod de los Vinos que en 2017 retiró 10 distintivos por este motivo y uno en lo que va de año. En todos ellos, conllevó una sanción económica que asciende a 200 euros.
“Empezamos a tener datos desde el año pasado y le hemos prestado más atención debido a la demanda por parte de la población, porque los ciudadanos ven las plazas ocupadas y nosotros estamos en la calle todo el día y podemos comprobarlo”, explica el subinspector jefe de la Policía Local, Primitivo Luis.
El agente asegura que resulta fácil de detectar si son falsas o no “porque en una fotocopia se nota enseguida”, mientras que comprobar si se hace un uso adecuado requiere de otras herramientas No obstante, no se ha retirado ninguna por falsificación sino por el mal uso que hacen de ellas, aclara Luis.
Familiares que ‘aprovechan’
En este sentido, asegura que en algunos casos, familiares de personas fallecidas en lugar de entregarlas usan sus identificaciones pese a que son intransferibles según establece el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre sin importarles que otros vecinos las vean y sepan la irresponsabilidad que cometen.
En otros, la persona titular de la tarjeta ya no puede conducir y un miembro de su familia la aprovecha a la hora de hacer compras o gestiones dado que en general las plazas para personas con movilidad reducida se encuentran ubicadas en zonas cercanas a los accesos de los comercios u oficinas de la administración.
Por todo ello, el subinspector jefe ha propuesto a la concejalía de Seguridad Ciudadana que redacte una nueva ordenanza que recoja la especificidad de las plazas para personas con discapacidad y el tiempo que se deja el coche en cada una de ellas. “Porque tampoco puede ser que ocupen una misma parada durante todo el día cuando hay otros ciudadanos que la necesitan y por lo tanto, hay que compartirla. Si quieren tarjetas exclusivas con su matrícula, que las paguen”, opina el agente.
El reclamo de la Policía Local es que exista un control y un acceso en la base de datos que permita localizar al beneficiario real de la tarjeta y comprobar la utilización que hace de la misma.
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