Canarias registró casi 300 agresiones a profesionales de la sanidad pública durante 2017, según datos contabilizados por el Colegio de Médicos de Las Palmas, que cree que la cifra real de esos ataques podría llegar al doble si se sumaran muchos que no son denunciados.
Puesto que la organización considera que, en la práctica, “no se comunica ni el cincuenta por ciento” de los casos que verdaderamente se producen, según ha declarado hoy su presidente, Pedro Cabrera, que ha tildado la violencia contra el personal sanitario de “lacra” y “epidemia” y ha dicho que “había que afrontarla”, razón por la cual se ha recabado a tal fin la ayuda de la Policía Nacional. Un cuerpo de seguridad que “va a establecer dispositivos preventivos” de dichos ataques en todos los centros de salud y hospitales del archipiélago que impulsará la nueva figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, promovida por el Ministerio del Interior y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España con el objetivo de atajar ese fenómeno.
Coordinadas por un Interlocutor Nacional, las funciones asignadas a dicha figura serán asumidas en cada una de las provincias del país por un agente de la escala de mando de la Policía que guiará el diseño de las acciones a desarrollar en su área de trabajo, por lo que en Canarias habrá dos funcionarios destinados a esa tarea.
Sus metas genéricas serán “garantizar el libre ejercicio de la profesión sanitaria y coordinar actuaciones ante posibles agresiones”, según ha explicado el inspector jefe de la Policía Nacional Alberto Escudero, al presentarla junto a Cabrera en una rueda de prensa convocada ante la conmemoración mañana del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario.
El inspector jefe ha relatado que el puesto de Interlocutor Policial Sanitario se creó a través de una orden del Gobierno español en 2017 aunque es este año cuando los agentes designados como tales han comenzado a trabajar, estando ya operativos tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife.
Sus misiones serán elaborar un catálogo de los centros sanitarios existentes en los territorios de su competencia y evaluar sus niveles de riesgo, clasificándolos como alto, medio o bajo conforme a la situación de cada uno, recabar información de la problemática singular de unos y otros, asesorar a sus responsables y empleados en materia de seguridad y definir dispositivos preventivos de ataques.
Labores que se pretende acometer estableciendo “una comunicación fluida” con los profesionales del sector e implicando en la iniciativa a las policías locales, además de a la Guardia Civil, que será la encargada de activar el protocolo de auxilio a los sanitarios en las localidades en las que la seguridad sea de su competencia y no de la Policía Nacional, ha añadido Escudero.
A él le ha expresado Pedro Cabrera el agradecimiento de los médicos, que -ha subrayado- “estamos muy, muy esperanzados porque hemos encontrado un eco en el Cuerpo Nacional de Policía” ante la determinación de hacer frente a las agresiones que sufre el personal sanitario.
Las cuales han tenido como principales destinatarios a enfermeros y médicos y, entre estos últimos, a doctoras de algo más de 40 años que trabajan en centros de atención primaria, que copan casi el 65 % de las denuncias presentadas el año pasado en las islas, ha detallado.
En cuanto a las razones por las que se producen esos ataques, ha expuesto que, en buena parte, se deben a que “el médico es la cara del sistema sanitario”, por lo que los pacientes disgustados con este “la pagan con él”, incluso aunque lo que les haya molestado sea algo que no es responsabilidad de la profesionalidad del facultativo sino de la política sanitaria que deciden las autoridades.
Si bien ha especificado que muchas agresiones las cometen pacientes que pretenden que les receten medicamentos que su doctor no les ha prescrito, especialmente psicotrópicos, que reclaman una baja laboral que el facultativo no considera que precisen o que buscan certificaciones de incapacidad o dependencia para cobrar fraudulentamente ayudas a las que no tienen derecho en realidad.
Y ha insistido en la necesidad de luchar contra las agresiones a personal sanitario, de todo tipo, con el argumento de que “sus repercusiones son devastadoras”, ya que las víctimas “tardan mucho en recuperarse” y, además, “eso repercute en el sistema de salud”, pues merma la calidad del servicio que se presta a los usuarios.
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