Valle de Güímar

Inquietud política y empresarial por el futuro de 3.000 trabajadores en el Polígono de Güímar

Terminado el plazo de nueve meses, el juez Jorge Riestra podría decretar el cierre del Polígono por no estar subsanados los procesos de depuración ni autorizado el emisario

El Polígono gastó nueve millones de euros hace cinco años para ser rehabilitado, pero se olvidaron de la depuración / S.MÉNDEZ

El magistrado Jorge Riestra, juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, tiene en sus manos -se conocerá en unos días- el cierre o no del Polígono Industrial Valle de Güímar, una vez que se ha cumplido el plazo de nueve meses que concedió en el auto del 13 de junio de 2017, cuando desestimó el cierre del emisario submarino decretado por el Ayuntamiento de Candelaria ante la multa recibida por la Apmun por contaminación marina.

Aunque los tres ayuntamientos (Arafo, Candelaria y Güímar), no todos en la misma medida, han realizado el censo y las analíticas de contaminación a sus empresas, y además se han gastado 55.000 euros en subsanar los desperfectos del emisario submarino, ni este está en funcionamiento -falta un tamiz que se está fabricando a medida fuera de la Isla- ni se ha conseguido la autorización de vertidos por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Costas, autorización que caducó en 2011. Este hecho, según denuncian los consistorios, la Asociación Mixta de Compensación del Polígono lo ocultó en 2013, cuando los ayuntamientos recepcionaron la instalación como propietarios.

A escasos días del final del plazo, desde el Cabildo se iniciaba el trámite para redactar el proyecto de una Edari (Estación de Depuración de Aguas Residuales Industriales), que sobrepasaba en cuantía y tiempo de ejecución lo trasladado en su día al Juzgado. De 1,4 millones de euros se pasaba a 6,4 millones, y de un año de ejecución, a 17 meses. Y todo porque las analíticas realizadas a las empresas determinan que las aguas vertidas al medio marino sobrepasan los 10.000 habitantes/equivalencia y se sitúan por encima de los 15.000 h/e.

Ante esta situación, los gobernantes de los ayuntamientos y el propio consejero insular del área, Manuel Martínez, temen un posible cierre del Polígono, aunque todos tienen la esperanza de que, conforme al mensaje que lanzó hace nueve meses el juez, se pueda conceder una nueva prórroga.

Entonces, Jorge Riestra, atendiendo al impacto social y económico de un polígono que alberga 250 empresas y casi 3.000 puestos de trabajo, manifestaba para desestimar el cierre decretado por Candelaria que “el cierre de todas o un número importante de empresas conllevaría un perjuicio económico muy relevante que ese ayuntamiento no puede afrontar, en caso de que fuesen presentadas reclamaciones de responsabilidad patrimonial por ello, y la pérdida de puestos de trabajo sería inevitable”. Además, expuso que “existe una solución para minimizar los daños a través del control individualizado de los vertidos y la diligente puesta en marcha de un sistema adecuado de depuración industrial y urbana, que llevaría un tiempo aproximado de nueve meses”.

En ese auto mandataba a los tres ayuntamientos a realizar un censo de vertidos de cada empresa y núcleo de población (Playa La Viuda, Playa de Lima y El Socorro) en el primer mes, para luego controlarlos y obligar a pretratar sus vertidos a las empresas y núcleos urbanos que contaminen con sustancias peligrosas y sustancias prioritarias, “con la potestad de cierre de los desagües de vertidos individuales de empresas o núcleos urbanos que incumplan”. Pero casi todo está por hacer y el Polígono corre, esta vez sí, el serio riesgo de echar el candado.

Sin entidad de conservación

Tras la recepción por los tres ayuntamientos del Valle de Güímar del Polígono en julio de 2013, estos se comprometían a poner en marcha una Entidad Urbanística de Conservación, que cinco años después no está creada, pese a dos acuerdos firmados con el Cabildo. En 2015 se comprometieron a que durante cuatro años se aportarían 50.000 euros anuales por cada municipio y 75.000 por parte del Cabildo, y que a partir del cuarto año, con la misma aportación de 225.000 euros, las administraciones seguirían contribuyendo a la financiación de los gastos, mientras que el 50% restante lo aportarían los empresarios.

El Plan B de Luisa Castro

La alcaldesa de Güímar, la popular Carmen Luisa Castro, afirma que tiene “un plan B” por si finalmente el juez determina que se cierra el actual emisario submarino y se cortan los vertidos al mar.

Castro señala que, al igual que hizo con el mantenimiento y conservación del suelo de su municipio en el Polígono, cuando en agosto en 2015 lo delimitó de Arafo con una raya azul, que hoy se mantiene, “cerraría las alcantarillas desde la raya azul y recogería los vertidos de las empresas como se hace en el núcleo de El Socorro, con camiones cisternas”. Luisa Castro recuerda que las empresas radicadas en la parte güimarera del Polígono son “casi todas de logística y no sobrepasan los límites de contaminación”, en todo caso, solo una dedicada al tratamiento de asfalto.
La alcaldesa siempre se ha mostrado partidaria de que los ayuntamientos se hagan cargo del mantenimiento de la instalación, y recuerda que “los empresarios ya pagan sus impuestos”, en contra de los que opinan los otros dos ayuntamientos, con los que debe formar la entidad de conservación. Pero cuando se le habla de depuración, le adjudica la culpa “al Consejo Insular de Aguas, porque es su competencia”.