La juez titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, Sofía Elena Valdivia, que investiga las causas y posibles responsabilidades que provocaron el derrumbe del edificio Julián José, en Los Cristianos, en el que murieron siete personas el 14 de abril de 2016, ha dado un plazo de 10 días al Banco Santander, entidad que absorbió a Banesto (empresa que acometió obras en los bajos del bloque de viviendas), para que aporte los informes que obren en sus archivos respecto a las reformas que se realizaron a partir del año 2000 y hasta que la entidad Banesto fue propietaria del local.
En la providencia, notificada el pasado día 16, la magistrada pide que la documentación incluya proyectos, licencias solicitadas, empresas contratadas e incidencias existentes en relación con las obras.
Además, se requiere a la entidad Construcciones Lozano para que remita por escrito, en el mismo plazo de tiempo, información sobre las obras realizadas en el local 3, situado en la calle Amalia Alayón número 14, especificando qué obras se realizaron, las personas responsables de las mismas, los proyectos elaborados y demás información que obre en sus archivos y que puedan tener relación con los hechos investigados.
Una vez recabada la información, la juez podría llamar a algún declarante más que figure en la documentación solicitada, aunque la principal dificultad será el tiempo transcurrido, ya que los hechos se remontan a principios de la década pasada, que fue cuando se acometieron las primeras reformas por parte de Banesto. Fuentes judiciales consideran que podría ser la última diligencia para completar el proceso de instrucción, cuyo cierre pronostican antes de final de año.
construido en 1972
El edificio Julián José se desplomó en la mañana del 14 de abril de 2016. Fallecieron los siete inquilinos que se encontraban en su interior: tres de nacionalidad española, dos italiana, una marroquí y una finlandesa. Se precisaron tres días para rescatar de la montaña de escombros los cuerpos de las víctimas. El bloque, de cinco plantas, había sido construido en 1972. Después de la tragedia se desalojaron 90 vecinos de los cuatro edificios colindantes, que fueron realojados en casas de familiares, hoteles y apartamentos del municipio. Días después, se evacuaron otras 24 viviendas y nueve locales comerciales para proceder al derribo de la estructura que había quedado en pie.
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