La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, se muestra critica con la labor del Consejo Insular de Aguas con la depuración en el Polígono Industrial y advierte, ahora que se ha sabido que es necesario una depuradora que costará más de seis millones de euros, que los ayuntamientos no pondrán un duro para ello, al tratarse de una competencia supramunicipal, de lo que difiere el consejero insular, Manuel Martínez, que insiste en que el saneamiento es responsabilidad municipal, al ser ahora los tres consistorios propietarios de la instalación.
-¿Hagamos memoria , cuándo y en qué circunstancias se recibió por los tres ayuntamientos la urbanización del Polígono Industrial Valle de Güímar?
“Este Ayuntamiento recibió la urbanización del Polígono en el año 2013. En el acta de recepción, la entidad urbanizadora (conformada por Cabildo, CaixaBank y una empresa pública), afirmó que la autorización del emisario estaba en tramitación. En definitiva que no había problema alguno con el emisario”.
-¿Qué hicieron entonces, ante esa situación?
“El Cabildo nos dio que siguiéramos adelante con la constitución de la entidad de conservación, que ellos se harían cargo del emisario. Lo que dijeron, por escrito en más de tres ocasiones. Pero, cuando aprobamos los estatutos de la entidad, los empresarios nos dijeron que ni soñando se harían cargo de una urbanización, cuya principal infraestructura de depuración no tenía garantía ni amparo legal. Empezó ahí nuestro vía crucis, sin resolver hasta la fecha”.
-¿Requirieron ustedes al Consejo Insular para que se hiciera cargo del Emisario?
“Sí, por supuesto. Nuestros servicios jurídicos entendían que el emisario es una infraestructura municipal y qué, con independencia de su titularidad, depende del Consejo Insular de Aguas. Así lo dice no solo La Ley de Aguas de Canarias, sino el propio Plan Hidrológico, y los propios acuerdos del Consejo de Gobierno del Cabildo”.
-¿En qué situación se halla ahora el emisario y que ha hecho, concretamente el Ayuntamiento de Güímar?
“Este Ayuntamiento, en su momento, llegó a contratar una empresa para la limpieza de la cabecera, de la malla o tamiz de decantación de gruesos. Posteriormente, ante la inactividad del Cabildo, se contrató entre los tres ayuntamientos una nueva limpieza del tamiz, se adecentaron los accesos, y se ha sustituido esa malla o tamiz. Pero resulta que ese sistema es arcaico, y no está permitido para una estación de ese caudal, como es el Polígono, desde la Directiva del 91, y normativa actual, según nos ha asesorado nuestro servicio jurídico. Es decir, que ya desde el año 2011, fecha de caducidad de la autorización, estaba vigente la Directiva Europea de 1991, que exigía otro tipo de instalación, que es una Depuradora de Aguas Residuales Industriales, y no lo que está actualmente. Por lo que hemos sido los incautos ayuntamientos los que hemos cargado con el mochuelo, cuando se sabía que no se puede tener en un Polígono Industrial una sistema arcaico, ilegal y que precisa de la construcción de una depuradora”.
-¿Y qué se ha hecho respecto a las medidas exigidas por el Juzgado Contencioso nº 4 que se cumplen este martes?
“Además de las obras de mero adecentamiento, hemos realizado, al menos Candelaria y este Ayuntamiento, -el de Arafo no me consta,-un inventario de vertidos y estamos requiriendo a las empresas que regularicen su situación. También hemos encomendado al Consejo Insular que redacte un proyecto técnico para que podamos legalizar ante la Viceconsejería una nueva autorización. Ese trabajo técnico, hecho por una empresa externa, también ha concluido que hace falta una Depuradora de Aguas Residuales Industriales. Y eso se sabía de hacía años, y se viene a decir ahora”.
-Sí la construcción de la depuradora (Edari) costará ahora más de seis millones y tardará casi dos años en hacerse. ¿Qué va a pasar el martes cuando se cumpla el plazo dado por el juez?
“Al menos este Ayuntamiento, no va a permitir que la Edari salga para 2019, exigiremos y así estamos preparando un acuerdo plenario, que por la vía de urgencia se haga la depuradora. Ya está bien de engañarnos y tomarnos el pelo, y lo que es peor, de vernos inmerso en un proceso penal, por la negligencia de unos y la ignorancia de otros. Y además hemos recibido un escrito sorprendente de la Viceconsejería de Medio Ambiente, pues no entendemos a que se refiere cuando nos pide que firmemos una Declaración Responsable, ni la de un plan de etapa con un compromiso de cumplir con la normativa, cuando sabe perfectamente, que solo se cumple la normativa si se construye la depuradora ya”.
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