El Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife se ha pronunciado “a favor de un diálogo sobre el futuro de los barrancos de Güímar de carácter técnico, sereno y en el nuevo marco legal en el que nos movemos”, expresó ayer la diputada nacional y consejera insular Ana Zurita.
Zurita, autora de numerosas iniciativas ante la corporación insular para evitar que se estanque la situación en la que se encuentran los barrancos de Güímar tras el doble fracaso del Cabildo en su pretensión de regular sus usos por ley del Parlamento de Canarias, reiteró el apoyo del PP tinerfeño y de su grupo insular, ambos presididos por Manuel Domínguez, a la alcaldesa Luisa Castro, que el lunes mismo se negó a cualquier insinuación sobre la posibilidad de seguir extrayendo áridos en su municipio, según declaró a DIARIO DE AVISOS, a raíz de unas declaraciones del exconsejero Wladimiro Rodríguez Brito, partidario de seguir extrayendo áridos de los barrancos.
“No vayamos a hacer de los barrancos de Güímar un campo de cultivo para iluminados como ha ocurrido con las carreteras de Tenerife, donde todo el mundo tiene algo que decir pero aquellos a los que les corresponde tomar la iniciativa, léase el Cabildo, es incapaz de poner sobre la mesa las soluciones viables en función de las circunstancias que se dan tras el rechazo de la proposición de ley ante el Parlamento y las sentencias contra los areneros que extrajeron áridos sin control”, dijo Zurita.
Precisamente la consejera realizó una pregunta en noviembre ante la corporación en la que mostraba su perplejidad por el novedoso posicionamiento del presidente del Cabildo, Carlos Alonso requiriendo al Gobierno de Canarias que de una solución a la situación de los barrancos de Güímar a raíz de la visita de un empresario chino Marco Chang al citado municipio en la que se alineó con las tesis que siempre ha defendido el PP, que es permitir otros usos económicos, incluso de carácter turístico, en el suelo que ahora mismo está calificado para usos mineros, “una incoherencia total y absoluta de Carlos Alonso, porque ha venido manteniendo dos actuaciones muy claras respecto: por un lado, la negación al desarrollo pretendiendo sin éxito clasificar por ley la totalidad del suelo afectado como de protección ambiental, y por el otro, no acometer una planificación territorial en la Isla que reestructure los ámbitos mineros”, dijo Zurita.
Según Zurita, “el problema que tiene Luisa Castro en los barrancos de Güímar no se resuelve diciendo una cosa hoy y mañana la contraria ni tirando barro a la pared a ver si pega la última idea feliz de algún iluminado , sino mediante la puesta en marcha de instrumentos de planeamiento que hagan posible evitar el estrangulamiento del desarrollo económico en términos agrícolas ganaderos, industriales, residenciales, turísticos y de ocio del municipio”.
Al respecto, Ana Zurita recordó soluciones imaginativas pero planteadas con diálogo, rigor técnico y seriedad que se han producido en otras comunidades autónomas con problemáticas parecidas a la de Güímar. Por ejemplo, el
Parque de la Naturaleza de Cabárceno (ocio-naturaleza) en Cantabria; las Antiguas canteras de Dolomíticos y Mazo (área industrial), en Camargo (Cantabria); el Parque Temático de San Martín de la Vega (ocio), en Madrid; la Cantera de Atxarte (cementerio) en el País Vasco y otras a las que se le ha asignado usos deportivos, social y recreativo tras su restauración.
Airam Puerta: “Ni una carretilla más de tierra”
En virtud de las declaraciones del exconsejero Wladimiro Rodríguez Brito, el PSOE de Güímar crítica que se muestre partidario de volver a reanudar la extracción de áridos en el Valle de Güímar. En boca del portavoz socialista, Airam Puerta: “plantear como solución volver a extraer áridos en contra de lo que Güímar ha sostenido desde hace años, muestra que la vieja política no escucha lo que los vecinos quieren, que no es otra cosa que no volver a extraer ni una carretilla más de tierra”. Puerta entiende que no se puede traicionar lo que la mayoría decidió hace años, y salvo excepciones salpicadas de intereses empresariales, lo que todos desean es que paguen los que atentaron y con los beneficios que obtuvieron, reconstruir lo que el juzgado ordenó en 2016.
Para ello, tal y como dicta la sentencia, los areneros presentarán los planes de restauración que estarán avalados económicamente, y por último, estos tendrán que ser autorizados por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Por cierto, según los socialistas en modo crítica, aún el consejero de esta misma área sigue mostrar interés a la hora de aplicar el fallo judicial de responsabilidad que tiene sobre la restauración de este ámbito.
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