Caso grúas - La laguna

José Alberto Díaz (CC): “Espero aclararlo en el juzgado y que se archive todo”

El alcalde de La Laguna muestra su respeto a la decisión de citarle como imputado e insiste en que la gestión del servicio se ajustó a la legalidad

José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna (CC), cogobierna con el sector oficial del PSOE. Andrés Gutiérrez

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), reiteró ayer su “respeto a las decisiones de la Justicia” y confió en que “cuando acuda a declarar espero aclarar las cosas en el juzgado y que se archive todo más pronto que tarde”. Las palabras de Díaz, pronunciadas ayer ante los micrófonos de la Ser, obedecen al auto de la Audiencia provincial que se comunicó la semana pasada y en el que se ordena al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna que lo cite como imputado (ahora investigado) por el llamado caso Grúas, en el que ya se han apreciado indicios delictivos suficientes como para proseguir con las pesquisas judiciales ante la presunta comisión de tres tipos recogidos en el Código Penal, todos ellos relacionados con la corrupción: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

“En términos jurídicos, la única figura para ser llamado yo a pleito es la de investigado, es la única posibilidad jurídica, no puedo ser testigo de los hechos”, sostuvo ayer José Alberto Díaz, quien aseguró que “estoy tranquilo, yo no firmé ningún decreto y eso es lo que contempla el delito de prevaricación, pero más allá de si firmé o no estoy tranquilo porque todo se hizo conforme a la ley, atendiendo a lo que nos plantearon los técnicos del propio Ayuntamiento”.

En cuanto a que sea la segunda vez que la Audiencia corrige alguna decisión de la titular del juzgado que instruye el llamado caso Grúas, Díaz repitió una vez más que tiene “mucho respeto por las decisiones judiciales”, a la par que insistió en que “la Audiencia no me acusa de ningún delito, solo entiende que debo ser llamado a declarar”.

Por último, el hoy alcalde lagunero sostuvo que este caso “persigue destruir la imagen de Fernando Clavijo, la mía y la de toda Coalición Canaria”, achacando una intencionalidad política a las diligencias judiciales actualmente en curso.