Arona

La fase de instrucción judicial entra en su recta final

Una vez concluya esa fase, la titular del Juzgado Número 3 de Arona dará traslado a las partes para que formulen sus acusaciones y determinen las responsabilidades

Varios transeúntes observan el lugar de la tragedia días después del derrumbe. Andrés Gutiérrez
Varios transeúntes observan el lugar de la tragedia días después del derrumbe. Andrés Gutiérrez

La juez que investiga el caso del derrumbe del edificio Julián José, en Los Cristianos, en el que murieron siete inquilinos el 14 de abril de 2016, afronta la recta final de la instrucción, que previsiblemente concluirá antes de final de año. A partir de ahí, la titular del Juzgado Número 3 de Arona dará traslado a las partes para que formulen sus acusaciones y determinen las responsabilidades. El último requerimiento de Sofía Elena Valdivia fue dirigido al Banco Santander, entidad que absorbió a Banesto (la empresa que acometió obras en los bajos del bloque de viviendas), para que aportara los informes que obran en sus archivos sobre las reformas que se realizaron en el local.

En la documentación solicitada a través de una providencia notificada el pasado 16 de marzo, la juez pedía los proyectos, licencias tramitadas, empresas contratadas y las incidencias existentes en relación con las obras. Asimismo, requería a la entidad Construcciones Lozano información sobre las obras que se acometieron en el local 3 de la calle Amalia Alayón, número 14, las personas responsables de las mismas y los proyectos elaborados.

Una vez recabada la información, la juez podría llamar a algún declarante más que figure en la documentación solicitada, aunque la principal dificultad será el tiempo transcurrido, ya que los hechos se remontan a principios de la década pasada, que fue cuando se acometieron las primeras reformas por parte de Banesto. Esta podría ser la última diligencia para dar por finiquitado el proceso de instrucción.

Con anterioridad, el Ministerio Fiscal apuntó a las obras realizadas por Banesto como posible causa del debilitamiento de la estructura del edificio, como se desprendía de una larga batería de preguntas (hasta 62, clasificadas en 11 apartados) dirigidas a Pedro José Vaquero Moreno, la persona identificada por el Banco Santander como el responsable de esta última entidad que guarda relación con las obras realizadas entre 2003 y 2006. Algunas preguntas incidían específicamente en los trabajos efectuados para abrir la fachada con ventanales, así como en el reforzamiento del búnker de la caja fuerte.

Para esclarecer las causas técnicas del desplome, el Ayuntamiento de Arona encargó, unas semanas después del siniestro, a las empresas Atlante SLU e Intemac sendos trabajos de ingeniería forense, independientes entre sí, cuyos resultados se entregaron en el juzgado. El estudio de Atlante reveló en sus conclusiones que, “sin duda, parecen determinantes, como causa del colapso, las actuaciones que tuvieron lugar en el inmueble”, y apuntó que “la eliminación de paredes fue determinante en dañar el edificio hasta su ruina”. El segundo informe, a cargo de Intemac, además de incidir en la mala calidad del hormigón, también apunta a la entidad bancaria.