El concejal de Ordenación del Territorio de La Orotava, Narciso Pérez, asegura que la nueva Ley del Suelo no se superpone al Plan Especial de El Rincón y por lo tanto, no permite legalizar el bar restaurante Sunset 290, ubicado en el paraje protegido, y precintado el pasado viernes por ejercer la actividad de restauración sin contar con las respectivas autorizaciones para ello.
Pérez realizó estas declaraciones al ser consultado sobre el nuevo proyecto presentado por el propietario del establecimiento para poder legalizarlo con el nuevo marco jurídico vigente: el de la Ley del Suelo que desde septiembre de 2017 flexibiliza los usos y permite actividades complementarias como la restauración, en suelo agrícola.
Sin embargo, el edil aclara que la tipología de suelo en la que se encuentra el Sunset es de “protección paisajística y con unos valores naturales determinados, no agrario como cualquier otro, y por lo tanto, no cabe aplicarle la nueva legislación que establece una compatibilización con usos complementarios”.
Última palabra
El concejal confiesa que “le encantaría”que hubiera un pronunciamiento judicial que permitiera legalizar la actividad en el establecimiento. Mientras tanto, se va a tener que mantener el cierre, aunque “la última palabra” la tendrá el Gobierno de Canarias con el plan, que es fruto de la Iniciativa Legislativa Popular ‘Salvar El Rincón’, avalada por más de 33.000 firmas.
El documento data del año 1997 y su revisión es una de las tareas que tiene pendiente el Consorcio de El Rincón, sostiene Pérez. No obstante, y más allá de valorarlo “es el que está y el que el tribunal aplica para dictaminar el cierre, y por eso al Ayuntamiento no le ha quedado otra opción que acatar una sentencia que, además, es firme”, subraya el edil nacionalista.
“La medida no ha sido agradable para ninguna de las partes, ni para los responsables municipales ni para los dueños”, aclara Pérez. Asimismo, añade que hay que tener en cuenta el contexto en el que se genera, cuando en 2014 la Coordinadora Ecologista El Rincón “exige en el seno del Consorcio que se compruebe la legalidad de la actividad”. A partir de ese momento se inició un expediente urbanístico disciplinario que culminó el viernes con el precinto del inmueble.
“Es cierto que la propiedad ha intentado plantear todas las opciones para legalizar el local y no ha sido posible porque en estos cuatro años ha habido muchos pronunciamientos judiciales, algunos muy contundentes, como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ordena el cese”, afirma.
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